El Consejo de Ministros aprueba el real decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de la Verdad

Se encargará de esclarecer las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la composición y funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática, así como el funcionamiento de la llamada Comisión de la Verdad, que debe esclarecer las violaciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la Dictadura.

También se encarga de regular el procedimiento de inscripción del registro estatal de entidades cuya actividad se desarrolle en el ámbito de la Memoria Democrática.

El decreto establece el régimen jurídico del Consejo de la Memoria Democrática, determina que estará presidido por el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y que se trata de un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Asigna además las funciones del Consejo e indica que debe respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres, y que la pertenencia al Consejo no generará derecho a retribución.

La iniciativa aprobada este martes recoge la constitución de la llamada Comisión de la Verdad, recogida en el artículo 57.5 de la Ley de Memoria Democrática, cuya finalidad es contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura.

Esta Comisión de la Verdad estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos, que serán designadas por el Consejo de la Memoria.

Hace una semana, el secretario de Estado de Memoria, Francisco Martínez, anunció que el Gobierno prevé crear este verano la citada comisión, que deberá tener listas sus conclusiones en 2027, y anunció la inminente aprobación el Consejo de Ministros que se ha oficializado este martes.

Finalmente, el real decreto se encarga de la regulación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática y precisa qué entidades memorialistas podrán solicitar su inscripción, y establece que podrán inscribirse también las vinculadas al exilio y la resistencia fuera de España que desarrollen su actividad en otros países.

La Ley de Memoria, contempla además la creación de otra comisión técnica, que debe elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos, en este caso entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983.

Esta comisión señalará posibles vías de reconocimiento y reparación de las víctimas y está incluida en una disposición adicional que el Gobierno pactó con EH Bildu para que votasen a favor de la norma.