España choca con reservas de un tercio de socios en la UE y dudas legales del Consejo para oficialidad del catalán

El asunto está previsto que se aborde en el Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo para su adopción, que requiere unanimidad

El nuevo intento del Gobierno para lograr el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha chocado con las reservas de un tercio de sus socios y las dudas de los servicios legales del Consejo en el primer debate a nivel técnico para preparar la petición que España ha pedido que discutan para su adopción los ministros de Asuntos Generales de la UE en su reunión del próximo 27 de mayo.

Así quedó patente en la primera discusión preparatoria que mantuvieron los Estados miembros a nivel técnico el martes, según han informado diversas fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press y que apuntan que, en el curso de una hora, entre 8 y 9 países se mostraron "en contra o escépticos" ante la oficialidad de las lenguas cooficiales en España.

Los servicios jurídicos del Consejo también pusieron sobre la mesa las dudas que tienen sobre la legalidad de modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas de los Tratados, dado que en el caso de España los tratados los ha firmado en español únicamente.

La cuestión legal parece el principal problema, a ojos de un alto funcionario consultado por Europa Press, aunque las reservas de casi una decena de países para sacar adelante un asunto que requiere unanimidad es también un escollo importante, habida cuenta de que en el primer debate sólo dos países, Bélgica y Portugal, se mostraron abiertamente a favor de la petición de España.

Queda la incógnita de cuál será la posición de un grupo de países que no tomaron la palabra en la reunión, pero cerca de una decena sí puso problemas, desde aquellos que temen un precedente para otras minorías lingüísticas (como la rusa en países bálticos) hasta quienes como Italia y Francia plantean reservas procedimentales y financieras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidirá este viernes en Tirana, con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP), con sus colegas de la UE y en Moncloa no descartan que pueda abordar el tema de la oficialidad de las lenguas cooficiales en los encuentros bilaterales que mantenga durante la jornada, toda vez que para el Ejecutivo esta es una cuestión prioritaria a nivel europeo, para tratar de recabar apoyos.

El Gobierno, que incluyó la oficialidad del catalán como parte del acuerdo con Junts para la investidura como presidente de Sánchez, defiende desde el inicio ante sus socios que asumirá todos los costes derivados, aunque hasta ahora no ha ofrecido cifras claras del impacto que tendrá.

PUNTO PARA ADOPCIÓN EL 27 DE MAYO
En todo caso, la discusión del martes fue sólo la primera de los trabajos de preparación para la reunión de Asuntos Generales del 27 de mayo, por lo que las discusiones seguirán estos días a nivel técnico y se elevarán a nivel de embajadores la próxima semana, cuando éstos preparen los debates del Consejo.

Según consta en la agenda de la reunión, el asunto figura como un punto para la "adopción" de una "modificación del reglamento que determina las lenguas de uso por la Comunidad Económica Europea", aunque no han trascendido aún los detalles de la propuesta que se pondrá sobre la mesa de los ministros.

SEGUNDA OCASIÓN EN QUE SE INTENTARÁ EL VOTO
En todo caso, será la segunda ocasión en que España intenta la oficialidad del catalán desde que pactó esta reforma con Junts en agosto de 2023, pero de prosperar será la primera en la que los ministros llegan a celebrar la votación.

La primera ocasión, en septiembre de 2023, cuando España fijaba la agenda del Consejo en tanto que presidencia de turno europea, el asunto figuró igualmente como punto para adopción pero ante la falta de apoyos se optó por dejarlo únicamente en debate y no se llegó a someter a votación.

Durante el semestre en el que la Presidencia de turno del Consejo de la UE fue española, el Gobierno incluyó esta petición de reforma en varias reuniones de ministros sin que se llegara a tomar ninguna decisión, ya que los países con mayores dudas sobre su impacto económico, práctico y legal exigen que se evalúe el alcance de tal reforma en todas estas áreas antes si quiera de abrir un debate de fondo.

El Gobierno, por su parte, ha intensificado los contactos con las capitales para buscar apoyos y defiende la especificidad del caso español con tres lenguas regionales cooficiales y planteó una aplicación gradual, empezando únicamente por el catalán.

Para superar las reservas de sus socios, España se ha ofrecido a asumir todos los costes que supondría el uso de las tres lenguas en las instituciones --a pesar de que el reglamento establece que el reconocimiento implica financiación comunitaria--, aunque por el momento no se ha puesto cifra a lo que supondría.

En diciembre de 2023, la Comisión Europea ofreció una estimación de 132 millones de euros al año (44 millones por lengua) pero avisó de que era un cálculo muy preliminar basado únicamente en la experiencia previa del gaélico.

España también cuenta como argumento con que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea, entre otros organismos de la UE, que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales. Aunque no hay un régimen equivalente en el Parlamento Europeo, el Gobierno también trabaja en este frente y, tras solicitárselo a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, está siendo evaluado.

Tras el semestre español, el asunto sólo ha vuelto como punto de información al debate de los ministros en una sesión bajo la presidencia de turno que ejerció Bélgica en marzo del pasado año. Entonces, España quiso hacer balance de la situación en un punto que apenas duró diez minutos, según indicaron diversas fuentes diplomáticas.