Euskadi pedirá este miércoles al Ministerio que retire el punto del decreto universitario que "invade" sus competencias
Se muestra "convencido" de que aceptará su propuesta de evitar la devolución al Estado de la competencia de universidades telemáticas
El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, solicitará este próximo miércoles al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, que retire del nuevo proyecto de decreto universitario el apartado que devuelve al Gobierno central la competencia sobre las universidades telemáticas, algo que "invade" el autogobierno vasco y que supone una "línea roja" para el Ejecutivo autonómico.
Pérez, que ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que en el encuentro con el secretario de Estado reiterará los aspectos del proyecto de decreto con los que está "en desacuerdo".
"Vamos a solicitar que algunas las propuestas que se hacen, sencillamente se retiren", ha afirmado que el consejero, que ha señalado que lo que propondrá al Ministerio es "un modelo alternativo de evaluación de las universidades".
Pérez ha añadido que también pedirá que el decreto no se tramite por vía de urgencia, ya que "se trata de un asunto con la suficiente enjundia y con el suficiente impacto sobre el sistema universitario como para que se traten las cosas con sosiego, con una cierta tranquilidad y sin las prisas que impone un procedimiento de urgencia".
Además, ha insistido en que lo recogido en el texto del Ministerio plantea "un problema competencial", puesto que el decreto "prevé la recuperación para el Estado de la competencia de las universidades telemáticas". Esto --según ha dicho-- "supone una invasión competencial para la Comunidad Autónoma Vasca", por lo que solicitará que este apartado del decreto "directamente se retire", dado que supone "una línea roja".
También ha expresado su desacuerdo con el hecho de que "se lleve la competencia para no crear universidades a las agencias de calidad". Pérez ha explicado que hasta ahora, las agencias de calidad emitían un dictamen que podía ser negativo o positivo. No obstante, ha afirmado que el nuevo decreto plantea que "con un informe negativo ya quedaría completamente decidido la no creación de una universidad".
"PRECEDENTE PELIGROSO"
"Nos parece que una decisión de carácter político, y esta es una decisión de carácter político, no puede recaer en un organismo de carácter estrictamente técnico, formado por personas expertas; sentaría un peligroso precedente", ha advertido.
El consejero también ha mostrado su disconformidad con otros aspectos del decreto que resultarían "perjudiciales" y que "limitarían la capacidad de hacer políticas universitarias" a Euskadi.
En este sentido, se ha mostrado crítico con la propuesta de vincular la creación de la universidad al cumplimiento de un mínimo número de estudiantes (4.500). "No hay relación entre la calidad de las universidades y el número de estudiantes", ha manifestado.
A su vez, ha censurado que se proponga que las universidades tengan que incorporar tres de las cinco campos del conocimiento en su oferta de titulaciones. Esto --a su juicio-- "evita la especialización" de una universidad e incrementaría la "uniformidad" del sistema, algo que considera "negativo".
SELLOS DE CALIDAD
Pérez ha insistido en que propondrá al Ministerio "un modelo alternativo de evaluación", según el cual se establecería un sistema de "sellos o certificaciones de calidad" que acreditarían diversos niveles y cuya asignación correspondería a las agencias de calidad. Esto --ha añadido-- "permitiría establecer niveles de universidades excelentes, de universidades buenas y de universidades con informe negativo, el equivalente a un informe negativo".
El consejero ha afirmado que de manera que "se podría incluso prever la introducción en el decreto de una previsión en virtud de la cual dos informes negativos consecutivos podrían dar lugar a la suspensión de la autorización para impartir títulos". "Pensamos que este es un procedimiento que claramente promueve la calidad, porque al generar distintos niveles de reconocimiento, se va a generar mayor competencia entre las instituciones universitarias", ha subrayado.
Además, ha indicado que este sistema promovería la "transparencia", puesto que ofrecería a los estudiantes información acerca de cuál es el nivel de las distintas universidades.
Pérez ha afirmado que no tiene "la más mínima duda" de que "las tres universidades vascas que tienen larga tradición" --en referencia a la UPV/EHU, Deusto y Mondragón-- obtendrían un "nivel excelente" en ese hipotético sistema de calificación.
En el caso de Euneiz, la universidad recientemente creada en Vitoria-Gasteiz, ha afirmado que "es muy difícil hacer previsiones", si bien se ha mostrado "convencido" de que "llegado el momento en el que tengan que acreditarse las titulaciones, va a alcanzar el nivel adecuado".
SIN COMENTARIOS "EN CONTRA"
Respecto a si ha consensuado con el PSE-EE su postura respecto al proyecto de decreto, ha afirmado que esta es una cuestión que "no la hemos tratado en términos de consenso". "El Consejo de Gobierno está informado de todos estos elementos, y no he recibido ningún comentario en contra de la propuesta", ha asegurado.
Pérez ha añadido que "las cuestiones en las que hay discrepancia, si eventualmente llegase a haberla en el Consejo de Gobierno, son cuestiones que pueden acabar dando lugar a un recurso". No obstante, ha indicado que esta es "una fase del procedimiento muy previa", y se ha mostrado "convencido" de que podrá llegar a un acuerdo con el Ministerio respecto a la competencia sobre las universidades telemáticas.
"Tengo el sincero convencimiento, porque hay fórmulas que pueden conciliar la preocupación que tiene el Ministerio por la calidad de las últimas [universidades]que se han creado de ese estilo, con nuestra reivindicación de que nos desprovea de esa competencia", ha añadido.
En este sentido, ha afirmado que al existir "fórmulas que se pueden consensuar", piensa que "no tenemos por qué llegar a una medida tan extrema como llevar un recurso al Tribunal Constitucional".
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