Crece la presión civil contra Sánchez: centenares de personas piden su dimisión en Santander

La Plaza de Pombo, en el corazón de Santander, ha sido este mediodía escenario de una concentración en la que, según los organizadores, participaron alrededor de 700 personas para pedir de forma “democrática” la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria inmediata de elecciones generales.

La cita, convocada por una treintena de asociaciones de diferentes regiones españolas y apoyada por la Plataforma por la España Constitucional —una red que agrupa a más de 120 organizaciones civiles—, coincidió con la Semana Grande de la ciudad y tuvo como punto neurálgico el templete de la plaza, desde donde se leyeron discursos y un manifiesto crítico con la actual situación política.

Rechazo frontal a la ley de amnistía y defensa de la separación de poderes

Entre los principales motivos de la concentración figuró el rechazo explícito a lo que los organizadores calificaron como “la inconstitucional ley de amnistía”, vinculada a los pactos del Ejecutivo con formaciones independentistas.

En el manifiesto, los portavoces sostuvieron que dicha ley "permite al presidente gobernar corruptamente a cambio de la autoamnistía de unos golpistas" y afirmaron que constituye un “ataque sin precedentes a la independencia judicial”. Durante los discursos también se expresó un apoyo explícito a jueces y fiscales, ante lo que consideran una "amenaza" directa del Gobierno contra su profesionalidad y autonomía.

Acusaciones de desmantelamiento institucional y advertencia sobre el deterioro democrático

La concentración fue encabezada por Amalio de Marichalar, quien en declaraciones a Europa Press acusó a Sánchez de “traicionar los principios básicos de la democracia”, tanto de su partido como del sistema institucional. Marichalar afirmó que España se encuentra en “modo golpe de Estado de última generación”, argumentando que el presidente ha “capturado todos los contrapoderes” del Estado.

Las críticas no se limitaron al plano nacional. En uno de los pasajes más duros del manifiesto, se denunció la complicidad del actual presidente del Gobierno y de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, con la “dictadura venezolana”, en alusión a su supuesta pasividad ante el resultado de las elecciones en el país latinoamericano. Se habló incluso de "cómplices de un usurpador y criminal".

Ruta de protestas: Santander, nueva parada de un movimiento nacional

Marcos de Quinto, empresario y exdiputado, destacó que esta convocatoria forma parte de una serie de concentraciones previas que ya han tenido lugar en Madrid, Sevilla y Burgos, con el objetivo de extender la protesta por toda la geografía nacional. En sus palabras, los ciudadanos deben dejar de delegar toda la defensa democrática en “la UCO y los jueces”, e implicarse activamente.

“Este tipo de actos son un espaldarazo a quienes hoy son el último bastión que tenemos para proteger nuestra democracia”, aseguró De Quintos, que lamentó que “estamos a merced del capricho” de Sánchez.

Una convocatoria con vocación cívica y apartidista

Los organizadores insistieron en el carácter no partidista del evento. Por ello, pidieron expresamente a los asistentes que no acudieran con insignias ni símbolos de partidos políticos. Aun así, la presencia de banderas de España y paraguas con los colores nacionales fue muy visible entre los manifestantes.

Aunque la concentración se desarrolló sin incidentes, su tono marcadamente crítico y las apelaciones a la amenaza institucional por parte del Ejecutivo sitúan este acto como uno de los episodios más relevantes de movilización civil contra el Gobierno durante el verano político.

Conclusión: una protesta que marca el pulso de la desafección institucional

La concentración en Santander no solo refleja un malestar puntual. Se enmarca en una serie de manifestaciones con vocación estructural que, según sus promotores, pretenden recuperar el equilibrio de poderes y exigir responsabilidades políticas desde la sociedad civil organizada.

Con el telón de fondo de la ley de amnistía, los pactos parlamentarios y la tensión institucional con el poder judicial, el pulso entre el Gobierno y sectores de la ciudadanía gana en intensidad y proyección territorial.