Political Watch plantea modernizar las peticiones ciudadanas en el Congreso y agilizar el trámite de las ILP

Su directora de investigación lamenta que en los últimos 40 años sólo han salido adelante cuatro de las 154 ILP: Es "desalentador"

Political Watch, el 'think tank' de la Fundación Salvador Soler, ha sugerido este martes en el Congreso modernizar las peticiones que los ciudadanos registran en la Cámara, agilizar el trámite de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y poner en marcha un consejo ciudadano permanente que permita al Parlamento conocer el sentir social sobre temas complejos antes de legislar.

Éstas son las tres propuestas que Political Watch ha puesto encima de la mesa de la Comisión de Calidad Democrática, que ha abierto una ronda de comparecencias escuchando propuestas para "revitalizar" el derecho de la ciudadanía a participar en la vida pública en el marco del I Plan de Parlamento Abierto.

Y es que, según ha señalado la citada organización citando una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 55% de los españoles no se encuentra satisfecho con el funcionamiento de la democracia y el 38,5% no confía en el Parlamento como institución.

Sin embargo, el dato para la esperanza, según Political Watch, es que, pese a que tres de cada cuatro ciudadanos considera que sus opiniones no son tenidas en cuenta a la hora de hacer política, el 88% ve necesario crear o ampliar las formas de participar en los asuntos políticos.

SÓLO 19 HORAS DE TRABAJO PARA CANALIZAR PETICIONES CIUDADANAS
En concreto, la citada plataforma lamenta que aunque España cuenta con esas herramientas de participación ciudadana, éstas resulten "irrelevantes" y, como dato, ha subrayado que la Comisión de Peticiones del Congreso, que estudia las solicitudes de la ciudadanía sobre los más diversos temas, "apenas ha ocupado 19 horas de trabajo parlamentario en las últimas cuatro legislaturas", y eso que han tramitado 9.000 peticiones.

"Ésta es una vía de participación que existe, pero que, tal y como está planteada, resulta completamente inútil", ha defendido la directora de investigación de Political Watch, Belén Agüero, quien cree que, en general, la radiografía de la participación ciudadana en España revela un panorama "desalentador".

Y como ejemplo de ello ha indicado que, desde 1983, se han presentado 154 Iniciativas Legislativas Populares, pero sólo cuatro han logrado plasmarse de alguna forma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, ha añadido que, en el mismo período, 62 fueron inadmitidas, 55 caducaron por no reunir las firmas necesarias y otras permanecen bloqueadas durante años, como la ILP sobre ratios de personal de enfermería, que lleva desde 2018 varada.

Frente a esto, la organización propone un plan de acción en tres ejes. En primer lugar, plantea la modernización del derecho de petición, con la creacioón de una plataforma digital que permita presentar peticiones online, recibir apoyos ciudadanos y hacer un seguimiento transparente de su tramitación con el fin de transformar un trámite burocrático en una herramienta real de escucha ciudadana.

Asimismo, sugiere revitalizar las ILP para garantizar que las comisiones promotoras puedan hacer seguimiento de sus propuestas más allá de la toma en consideración inicial y eliminar los bloqueos administrativos, y establecer un consejo ciudadano permanente para que sus integrantes, seleccionados aleatoriamente, ofrezcan a sus señorías recomendaciones antes de legislar sobre temas complejos.

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA YA EXISTENTE
Political Watch sostiene que todas estas iniciativas deben aprovechar las posibilidades tecnológicas actuales para modernizar procesos, sobre todo teniendo en cuenta que ya existen plataformas, la del Parlamento Europeo, donde España lidera el número de peticiones enviadas (23% en 2023), que demuestran que los ciudadanos están dispuestos a participar cuando encuentran canales" accesibles" y "eficaces".

"El Congreso tiene la oportunidad, pero también la responsabilidad, de garantizar el ejercicio pleno del derecho constitucional a la participación", ha manifestado Agüero, refiriéndose al artículo 23 de la Carta Magna. "No podemos seguir ofreciendo derechos que luego no garantizamos. Eso genera más frustración en una ciudadanía que ya se siente poco escuchada", ha añadido.

La organización, que forma parte de la coalición 'Ampliando Democracia' junto a numerosas entidades sociales, ve en el actual proceso de reflexión parlamentaria "una ocasión única" para modernizar la relación entre representantes y representados en plena era digital.