Los impulsores de la querella argentina exigen en el Congreso el fin de los 50 años de impunidad del franquismo

Representantes de la Coordinadora de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) han exigido este miércoles ante el Congreso el fin de los "50 años de impunidad" de la dictadura y han recibido el apoyo de Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

La plataforma ha hecho llegar a estos grupos unas demandas que han obtenido también el respaldo de un centenar de organizaciones memorialistas que comparten que, tras la muerte del dictador, de la que se cumplirá medio siglo el próximo 20 de noviembre, "todavía se mantienen impunes los crímenes contra la humanidad cometidos durante más de 40 años de dictadura".

El que fuera diputado de la coalición abertzale Amaiur Sabino Cuadra ha tachado de "tramposa" la Transición y ha denunciado que después de la muerte de Franco el poder se mantuvo en las "mismas manos", y que no se depuraron los grandes estamentos del Estado.

Según CEAQUA, ese poder "construyó un muro de impunidad de los crímenes franquistas" que se mantiene todavía hoy, pese a la Ley de Memoria Democrática puesto que, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional, esta norma no permite juzgar los crímenes del franquismo.

INCOMPATIBLE CON LA REGENERACIÓN
En este contexto, Rosa García ha denunciado que desde la entrada de vigor de esa norma se han presentado una quincena de querellas y todas han sido desestimadas. Por eso, la plataforma exige la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que es la que esgrimen los jueces para no abrir las investigaciones que reclaman las víctimas.

"Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática, siendo estas absolutamente necesarias para expulsar de nuestras instituciones las múltiples lacras heredadas de la dictadura que aún perviven", sostiene la coordinadora.

Además, reclaman que se modifique el Código Penal para introducir el principio de legalidad internacional, una nueva Ley de Secretos Oficiales acorde a los principios democráticos de transparencia y que se apruebe una norma específica relativa a los bebés robados durante la dictadura.