lunes, 29 de septiembre de 2025 13:00

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Militares inician acciones contra una instrucción que exige proporcionar orina para analíticas con un testigo visual

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha iniciado un procedimiento administrativo y ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra una instrucción que exige que los militares proporcionen muestras de orina para analíticas bajo la observación visual directa de un testigo.
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Archivo - Varios militares se suben a un helicóptero durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España).

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha iniciado un procedimiento administrativo y ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra una instrucción que exige que los militares proporcionen muestras de orina para analíticas bajo la observación visual directa de un testigo.

En concreto, la Instrucción Técnica 01/2025, de 29 de julio, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, reclama que el testigo "deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo de la persona que realiza la micción, sin ninguna obstrucción".

ATME, que ya presentó alegaciones al proyecto pero, según denuncia, no fueron tomadas en consideración ni respondidas, considera la práctica "profundamente degradante, desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales".

Argumenta que esta medida "vulnera principios recogidos en la Constitución", como "la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes", así como de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. También entienden que supone una "presunción de voluntad de deslealtad".

SIN PRECEDENTES EN OTROS CUERPOS
Asimismo, según explican en un comunicado, subrayan que esta "intromisión" no sólo es "humillante", sino que no tiene precedentes en otros cuerpos de empleados públicos en España. A diferencia del personal militar, otros cuerpos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal penitenciario o el judicial, sometidos a regímenes de alta responsabilidad, no están obligados a someterse a este tipo de control.

"Este trato singularizado hacia los militares se considera discriminatorio y menoscaba su dignidad profesional y personal", ha zanjado ATME.

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