El Gobierno defiende que la asesora de Begoña Gómez cumplió sus funciones en Moncloa y descarta malversación

En el Ejecutivo sostienen que las gestiones apuntadas por la UCO son fruto de una relación de amistad y no de su actividad laboral

El Gobierno rechaza que pueda existir delito de malversación en las actividades de Cristina Álvarez, la asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, porque esta llevó a cabo las funciones de asistencia por las que fue contratada.

El resto de actividades que pudo desempeñar, que se desprenden de los correos electrónicos intercambiados con la Universidad Complutense de Madrid por la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer de Pedro Sánchez, las hizo por su relación de confianza y amistad con Gómez, según indican fuentes gubernamentales.

Moncloa defiende así la versión de Begoña Gómez en sede judicial, donde el pasado 10 de septiembre explicó que las funciones de su asesora en Moncloa consistían en la organización de su agenda el acompañamiento a actos oficiales y dijo que le hizo algún "favor" en ocasiones excepcionales.

En ese momento se conocía un correo electrónico de febrero de 2024 enviado por Álvarez a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale en el pedía fondos para la cátedra. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".

LA UCO DESVELA GESTIONES CON UNA DECENA DE EMPRESAS
Este lunes se ha conocido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó un informe al juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, en el que asegura haber localizado más de un centenar de correos que revelan "gestiones" de Álvarez con más de una decena de empresas y entidades para financiar la cátedra de Begoña Gómez.

En todo caso, en el Gobierno consideran que estas últimas revelaciones no contradicen la versión aportada por la mujer de Sánchez en el juzgado y defienden que no puede existir malversación porque Álvarez desempeñó todas las tareas para las que fue contratada en Moncloa y por las que percibe su sueldo.

Un puesto que tienen una disposición plena "de 24 horas al día 7 días de la semana", según precisó la defensa de Begoña Gómez en un recurso previo y que consisten en tareas "de organización y logísticas", según viene defendiendo el Gobierno desde el inicio del caso.

En Moncloa sostienen que el resto de actividades recogidas en los correos electrónicos aportados por la UCO, son fruto de la relación de amistad y confianza entre la mujer de Sánchez y su asistente en Presidencia del Gobierno y por tanto no forman parte de su actividad profesional y remunerada.

GÓMEZ NO ES FUNCIONARIA NI ALTO CARGO
En esos intercambios constan "gestiones" con distintas instituciones y empresas como Mindway, con la que Álvarez discutió las cláusulas de colaboración con la cátedra y el pago a la misma de un porcentaje de los beneficios que se obtuviesen.

En otro correo la asesora de Moncloa contacta con el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi, en el que le ofrece a esta compañía tecnológica la posibilidad de participar en la cátedra y propone una colaboración anual de 40.000 euros.

Para el Gobierno, el desempeño de estas tareas no puede suponer un delito de malversación, además, porque se trata de un tipo penal que pueden cometer funcionarios y altos cargos que están a cargo de dinero público y defienden, no es el caso de Begoña Gómez.