El Congreso tumba la enmienda de Vox y mantiene su idea de registrar a los 'lobbies' y fijar sanciones a diputados

Continúa su tramitación el texto que prevé castigos para quien incumpla el Reglamento, por ejemplo falseando declaraciones de bienes

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad presentada por Vox para intentar que la reforma reglamentaria en trámite para crear un registro de 'lobbies' y sancionar a los diputados sea sustituida por otra para recuperar el español como única lengua parlamentaria, reclamar que los informes de los letrados de la institución sean públicos o que se reduzca el número de comisiones de la Cámara, entre otras cosas. El texto ha sido rechazado con los votos de todo el hemiciclo salvo el PP y UPN, que se han abstenido.

El encargado de presentar el texto alternativo de Vox ha sido el diputado Ignacio Gil Lázaro, que considera que la reforma relativa a los 'lobbies' impulsada por el PSOE es mero "postureo" y ha emplazado al Gobierno a empezar dando explicaciones sobre el grupo de interés que atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para trabajar en favor de Venezuela o los que han montado otros exministros socialistas y 'populares'.

La mayoría de quienes han tomado la palabra han criticado especialmente la idea de Vox de revertir la reforma reglamentaria aprobada al inicio de la legislatura para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara y que se pueda utilizar sólo el castellano.

También han censurado, especialmente Pilar Valluguera (ERC), Mikel Legarda (PNV) y Néstor Rego (BNG), la propuesta de acabar con la proliferación de fórmulas de acatamiento de la Constitución que han sido validadas en los últimos años en los que varios diputados han ido añadiendo coletillas sobre temas variados. Y es que, según Vox, sólo se debería dar por concedida la plena condición de diputado a quien pronuncie un mero "sí, quiero" o "sí, prometo".

La socialista Marta Gracia ha tachado de "delirante y obscena", la propuesta de Vox, que considera una "provocación" y, como el diputado de Sumar Francisco Sierra, ha criticado que muchos diputados del partido de Santiago Abascal sigan sin rellenar convenientemente sus declaraciones de bienes e intereses. "Quien oculta lo que tiene y con quien se reúne no defiende a España, se defiende a sí mismo", ha resumido Gracia.

De su lado, Pedro Puy, del PP, ha dicho que la "enmienda intrusa" de los de Abascal, que no tiene que ver con la reforma planteada por el PSOE, sólo se entiende porque "se mueve bien en la opacidad y el populismo".

NO PUBLICAR AGENDAS O REUNIONES CON LOBISTAS
Una vez rechazada la enmienda de totalidad de Vox, el Congreso sigue adelante con la reforma reglamentaria impulsada por el PSOE para regular las relaciones entre la Cámara y los 'lobbies' y crear un régimen sancionador para los diputados que incumplan las previsiones reglamentarias. Las prevé, especialmente, para quienes falseen sus declaraciones de bienes, actividades o intereses económicos o no cumplan con el Código de Conducta de las Cortes, por ejemplo, eludiendo publicar sus agendas o sus interacciones con grupos de interés.

La reforma contempla que se pueda actuar en particular contra los diputados que no presenten adecuadamente las declaraciones de bienes, actividades intereses económicos, omitan información en las mismas o consignen datos falsos. Los incumplimientos o infracciones podrán ser denunciados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o una comisión o la Secretaría General de la cámara ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, que decidirá si abre o no procedimiento.

En función de la gravedad de los hechos, se podrán proponer sanciones que irán desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida hasta la retirada de cargos y complementos salariales. La decisión final sobre la sanción la tomará el Pleno del Congreso, y de optarse por la más fuerte, un diputado podría quedarse solo cobrando su asignación constitucional.

REGULAR LOBBIES, PERO EXIMIENDO A PATRONALES Y SINDICATOS
La reforma define como actividad de influencia "toda comunicación, directa o indirecta", con miembros o "empleados públicos" del Congreso o de los grupos parlamentarios, que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias.

Eso sí, en consonancia con la ley para regular los 'lobbies' en general presentada por el Gobierno, no serán considerados como tales en el ámbito parlamentario los partidos políticos, las administraciones, el sector público institucional, las corporaciones de derecho público, los organismos organizaciones y autoridades públicas internacionales, ni las organizaciones sindicales y empresariales. Todas ellas podrán relacionarse con el Congreso sin estar inscritas en ningún registro.

En todo caso, los diputados y grupos que mantengan cualquier tipo de interlocución con las corporaciones de derecho público, y las representaciones diplomáticas de Estados extranjeros y organizaciones internacionales, tendrán que publicitarlas y sus propuestas constarán en los informes de huella legislativa, que serán públicos.

Los grupos de interés tendrán que inscribirse en un registro específico que se podrá consultar en la web del Congreso, donde también se dará publicidad al "contenido" de sus interacciones presenciales o telemáticas con los miembros del Congreso, los empleados públicos de la Cámara o el personal al servicio de los grupos parlamentarios. Se podrá castigar a los 'lobbies' con sanciones que van desde apercibimiento a la suspensión del registro hasta un máximo de diez años o la prohibición indefinida de apuntarse.