Una ONG denuncia el tránsito por aguas españolas de otro buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel

La Red estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha denunciado este miércoles que un nuevo buque cargado con 170.000 toneladas de carbón para Israel tiene previsto atracar este sábado en Gibraltar, para lo que tendrá que transitar aguas territoriales españolas, y ha urgido a las autoridades a impedirlo en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

En concreto, la ONG cita el artículo 19 del convenio UNCLOS, que establece que se trata de un paso "no inocente", por aguas españolas, es decir, cuando su carga o actividad perjudica la paz, el buen orden o la seguridad internacional, y que el buque "está violando normas imperativas o ayudando a Israel a vulnerar la prohibición del apartheid y prevenir y sancionar el genocidio". España, como firmante de la UNCLOS, está "obligada" a impedir el acceso del buque a las aguas territoriales españolas, subraya RESCOP.

El buque 'Seafighter' se encuentra actualmente en ruta por el Atlántico desde Sudáfrica, uno de los principales suministradores de carbón a Israel, y es parte de la flota de la empresa griega Thenamaris, propietaria de muchos otros barcos "que forman parte de la logística del genocidio", ha explicado RESCOP.

La ONG cita un informe que concluye que el carbón desempeña un "papel clave" en el sistema energético israelí y en su aparato militar. En concreto, la empresa pública israelí que gestiona la red eléctrica "abastece sin distinción a las bases militares, la industria armamentística y los asentamientos ilegales", denuncia el estudio, elaborado por la organización SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations).

Asimismo, RESCOP reclama reformular el decreto que consolida el embargo a la compraventa de material militar a Israel para que sea "integral" y "sin excepciones" y se incorpore que el carbón y otros combustibles sean considerados de posible uso militar. "El embargo debe incluir la compra, venta y tránsito, controles reales en puertos, aeropuertos y bases extranjeras, el fin de toda cooperación militar o de seguridad y mecanismos de transparencia y verificación pública que garanticen que ninguna infraestructura española se utilice para abastecer al genocidio", pide la ONG.