El doble desafío de Sánchez: Supremo vs. Ejecutivo y la condición europea para la paz en Ucrania

La vigésima Cumbre del G20, concebida como un foro para abordar la estabilidad económica global y la cooperación en materia de desarrollo, se ha transformado inesperadamente en una plataforma para la proyección de los desafíos políticos de Pedro Sánchez. Lejos de centrarse únicamente en la agenda multilateral, el líder socialista ha utilizado su presencia en Sudáfrica para enviar mensajes claros y contundentes que tienen repercusiones directas en Madrid, Bruselas y Washington.

Defensa a ultranza y recurso al Tribunal Constitucional

El primer y más delicado frente se abrió con la reciente condena del Tribunal Supremo (TS) a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, una decisión que, de facto, lo inhabilita para continuar al frente del Ministerio Público. La sentencia, que aún debe conocerse en su integridad, ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del presidente del Gobierno, quien ha optado por el enfrentamiento directo con la alta judicatura.

La cuestión de la inocencia política

Sánchez no se limitó a mostrar respeto por las decisiones judiciales, un cliché habitual en la retórica institucional. En cambio, declaró categóricamente: “Creo en la inocencia del fiscal general”. Esta defensa pública no solo respalda la gestión de García Ortiz, sino que se interpreta como una deslegitimación implícita de la sentencia. El presidente basó su argumentación en la existencia de supuestos testimonios periodísticos durante el juicio que apuntarían a fuentes de filtración distintas al fiscal general, lo que, según su criterio, debilita el fundamento de la condena.

El TC como árbitro final

Ante la imposibilidad de mantener a García Ortiz en el cargo tras la condena, el Gobierno ha trazado su estrategia legal en dos tiempos. En primer lugar, se activará el mecanismo constitucional para el nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado, acatando formalmente la inhabilitación. En segundo lugar, y como principal ofensiva, se anunciará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Sánchez justificó esta vía señalando que existen “otras instancias jurisdiccionales” en las que se podrán “dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos”. La elección del recurso de amparo ante el TC es una declaración de intenciones: el Gobierno buscará que el tribunal de garantías revise si la condena ha vulnerado derechos fundamentales, lo que lo convierte en el campo de batalla final del pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Descarte provisional del indulto

El presidente también se pronunció sobre una posible medida de gracia. Descartó la opción del indulto en el momento actual, argumentando que no tiene sentido plantearla mientras no se hayan agotado todos los cauces ordinarios de la justicia, incluyendo el recurso ante el TC. Esta postura es tácticamente relevante, ya que evita politizar en exceso el caso de manera inmediata y permite al Gobierno presentarse como respetuoso de los plazos judiciales, aunque ejerza presión política sobre el Constitucional.

Geopolítica de la paz: la condición europea en Ucrania

El segundo gran frente abordado por Sánchez tiene una dimensión global y afecta directamente a la relación transatlántica. En el marco del G20, y ante las iniciativas de paz impulsadas por la Casa Blanca, el presidente español ha fijado una posición de firmeza, exigiendo una revisión del planteamiento estadounidense.

Exigencia de representación y la línea roja

Sánchez ha reconocido la voluntad de la administración de Donald Trump de alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev, pero ha insistido en la necesidad de revisar “en profundidad” la propuesta. La condición sine qua non es que "europeos y ucranianos estén representados" en las conversaciones.

El argumento central de la postura española, alineada con gran parte de Bruselas, es que la guerra no es solo un conflicto territorial bilateral. El presidente elevó la apuesta al señalar que la invasión rusa “no solamente afecta a la integridad territorial y a la soberanía nacional de Ucrania, sino que trata de debilitar el proyecto europeo”.

La arquitectura de seguridad europea bajo amenaza

Para el Gobierno español, la presencia de Europa en la mesa de negociación no es un capricho, sino una necesidad existencial. La guerra, tal como la definió Sánchez, pone en juego la “arquitectura europea de seguridad”, un marco de estabilidad que fue “unilateralmente roto por parte del presidente Putin y de su neoimperialismo”.

Este enfoque subraya que las decisiones sobre el futuro de Ucrania y el fin de las hostilidades tendrán implicaciones directas en la defensa, la economía y la geopolítica de toda la Unión Europea. La exigencia de Sánchez se entiende como un movimiento para evitar que la paz se negocie "sobre las cabezas" de los europeos, asegurando que los intereses de la UE, tanto en materia de principios democráticos como de seguridad, queden blindados en cualquier acuerdo futuro.

Defensa de la soberanía ucraniana

Respecto a la presión ejercida sobre Kiev para aceptar una paz rápida, Sánchez defendió la postura del gobierno de Zelenski. Subrayó que Ucrania “lo único que está buscando y por lo que lucha es por su independencia y por un futuro que se alinee con Europa en cuanto a los principios, los valores y la convivencia democrática”. Este posicionamiento implica un rechazo a cualquier solución que suponga una cesión territorial inaceptable para Kiev o que comprometa su aspiración de integración en la UE.

Un liderazgo de doble filo

Las declaraciones de Sánchez desde Johannesburgo reafirman un estilo de liderazgo que no rehúye el conflicto ni doméstico ni internacional.

En el ámbito interno, el pulso con el Supremo, canalizado a través del TC, busca proyectar una imagen de Ejecutivo fuerte que no se doblega ante lo que considera interferencias judiciales en el nombramiento de sus colaboradores clave. Sin embargo, esta estrategia conlleva el riesgo de erosionar aún más las relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial, un conflicto que ha sido constante en la legislatura.

En el ámbito externo, la firmeza en la cuestión de Ucrania consolida a España como un actor relevante en la definición de la política exterior de la UE y de sus líneas estratégicas de defensa, particularmente frente a las iniciativas de paz que provienen de socios que no comparten plenamente la visión europea del conflicto.

El doble desafío de Sánchez, confrontando a un poder estatal y renegociando un acuerdo geopolítico crucial, marca la agenda de las próximas semanas, donde el Tribunal Constitucional y los pasillos de Bruselas serán los escenarios donde se medirán las consecuencias de estas audaces declaraciones.