Sánchez desafía la condena de García Ortiz y empuja la revisión al Tribunal Constitucional

La inédita declaración del líder del Ejecutivo, realizada desde su gira en Sudáfrica, sitúa un pulso institucional de alto voltaje frente a uno de los poderes del Estado. La máxima autoridad gubernamental, Pedro Sánchez, no solo se ha limitado a expresar respeto formal por el fallo adverso del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, sino que ha manifestado sin ambages su “discrepancia” con el espíritu y la “orientación” de la sentencia. Este movimiento político-judicial abre una nueva fase de incertidumbre y tensiones, proyectando el caso directamente hacia el Tribunal Constitucional (TC).

El origen de la controversia judicial

La condena a García Ortiz por un delito de revelación de secretos no deriva de un acto de corrupción o abuso de poder directo, sino de la gestión de una filtración de datos que afectó a una fiscal que se postuló como su competidora para un cargo de alto nivel en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Supremo le atribuye responsabilidad en la difusión de información confidencial. Sin embargo, Sánchez insistió en su total confianza en la figura del fiscal: Creo en la inocencia del fiscal general. Para reforzar su argumento, aludió a que durante el juicio, periodistas “acreditados” testificaron en sede judicial que el origen de las filtraciones no residía en el máximo representante del Ministerio Público.

La defensa política y la legitimidad del criterio

El posicionamiento del presidente es infrecuente y conlleva un riesgo político inherente al disentir de un alto tribunal. No obstante, Sánchez justificó su postura invocando el derecho a la crítica en un sistema democrático maduro. En una sociedad democrática como la que vive España desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia, declaró de forma solemne. Tras esta aseveración, remachó: Y yo la manifiesto. Con estas palabras, el presidente traslada el debate de la esfera judicial a la política, defendiendo la idoneidad y la reputación de un funcionario de la cúpula del Estado que fue designado por el propio Gobierno.

El sendero del recurso de amparo

El presidente desveló, de manera velada pero inequívoca, el camino legal que su equipo jurídico contempla. El jefe del Ejecutivo subrayó que existen otras instancias jurisdiccionales en las que, a su parecer, se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos. Esta referencia apunta directamente al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo legal diseñado para proteger los derechos fundamentales frente a vulneraciones judiciales.

De confirmarse el recurso, el TC se convertiría en el árbitro final de la condena, abriendo la posibilidad de que el caso escale incluso a instancias supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si se alegara violación de derechos fundamentales en el proceso. La decisión del Constitucional será crucial y tendrá implicaciones directas no solo en el futuro de García Ortiz, sino en la relación entre el poder ejecutivo y la judicatura.

Descarte temporal del indulto

La pregunta sobre la posibilidad de que el Gobierno considerara un indulto para el fiscal general, una potestad del Consejo de Ministros, fue tajantemente respondida por Sánchez. Si bien no cerró la puerta de forma definitiva, sí la desestimó por completo en el momento actual. Considera que plantear esa vía ahora mismo no tiene sentido mientras el cauce ordinario de la justicia no haya agotado todas sus posibilidades, incluyendo los recursos ante los tribunales de garantías. El indulto, por su naturaleza política, podría interpretarse como una interferencia directa en la independencia judicial, un paso que el Gobierno, por ahora, evita dar.

El reto del relevo

A pesar de su respaldo incondicional, la condena obliga a Sánchez a activar el mecanismo legal para nombrar un nuevo fiscal general del Estado, dada la inhabilitación que conlleva el fallo. Este proceso, que exige la aquiescencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y posterior ratificación parlamentaria, se antoja complejo. El presidente confirmó que pondrá en marcha el procedimiento, pero mantuvo absoluto secretismo sobre la identidad de la persona propuesta. La elección del sustituto será un movimiento de calado, buscando un perfil que no solo goce de prestigio, sino que sea capaz de restaurar la calma institucional y la confianza en la máxima representación del Ministerio Público.