El PP quiere que el Congreso vete el nombramiento de García Ortiz para cualquier cargo tras haber sido condenado

También pretende que se impidan movilizaciones contra el Supremo en protesta por la condena al fiscal general

El PP quiere que el Congreso vete la posibilidad de designar o promover el nombramiento del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para cualquier alto cargo del Gobierno, en el sector público institucional estatal o en cualquier órgano constitucional, al entender que la condena del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos le hace incompatible con cualquier responsabilidad pública.

Éste es uno de los puntos incluidos en la moción consecuencia de la interpelación que el PP dirigió el pasado miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la sesión de control al Gobierno. Esta iniciativa se debatirá en el Pleno del Congreso del próximo 9 de diciembre.

En su texto, los 'populares' señalan que la "obsesión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "perseguir" a los que considera sus "enemigos" le ha llevado a "traspasar toda las líneas rojas" en relación con el fiscal general, cuya "única misión", dicen, era "utilizar todos los medios para hacer de punta de lanza de la guerra sucia emprendida por el Gobierno contra sus rivales políticos".

Una actuación por la que el Tribunal Supremo le ha condenado hace unos días a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por la comisión del delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así las cosas, el partido que capitanea Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a abstenerse de dar indicaciones a la nueva candidata para la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, "que comprometan su autonomía e imparcialidad o que inciten a vulnerar la legalidad", como ocurrió, apunta, con el fiscal general saliente.

NO PUEDE HABER "SOMBRA DE DUDA" SOBRE LA ACTUACIÓN DEL SUPREMO
Asimismo, el PP emplaza al Ejecutivo a no promover manifestaciones, movilizaciones o protestas dirigidas contra el Tribunal Supremo o contra el conjunto del Poder Judicial para, a su juicio, "coartar el ejercicio libre de sus funciones".

Para el primer partido de la oposición, no debe haber "sombra de duda" sobre la actuación "imparcial e independiente" de los magistrados del Tribunal Supremo" que han juzgado este causa, por mucho que la "implicación" del Gobierno con la actuación "delictiva" del fiscal general del Estado le haya llevado a reaccionar al fallo condenatorio "con un ataque sin precedentes contra el Poder Judicial".

Es más, denuncian que este ataque se haya "amplificado" a través de los medios de comunicación públicos, a los que, según censuran, los 'populares', el Gobierno les ha "dirigido" para difundir este tipo de mensajes "ofensivos" contra el Poder Judicial, "llegando a llamar a la movilización popular contra el mismo".

En este sentido, el PP ha incluido un punto en su moción por el cual reclama al Gobierno adaptar el actual funcionamiento de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, lo que en su opinión prohíbe utilizar los medios públicos "para alimentar los ataques del Gobierno al Poder Judicial".

Además de esta propuesta, el Congreso debatirá y votará el próximo día 2 otra moción de Vox, consecuencia de la interpelación que también dirigió esta semana a Bolaños, en la que los de Santiago Abascal exigen directamente al Gobierno renunciar a proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal del Estado por considerar que es "una persona de notorio perfil ideológico".

VOX APROVECHA PARA PEDIR ELECCIONES
Además, en su propuesta, Vox aboga por promover leyes reguladores de las principales instituciones del Estado para garantizar la neutralidad de quienes las dirijan, y por retirar "inmediatamente" el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, para fortalecer la carrera judicial y fiscal, así como el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

De la misma forma, sugiere al Gobierno no aprobar iniciativas legislativas que afecten al Poder Judicial o a la Fiscalía para evitar que puedan "comprometer" su neutralidad, independencia e imparcialidad, así como promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto "personal, igual, directo y secreto" por y entre los propios jueces y magistrados.

Por último, los de Santiago Vox aprovechan su texto para pedir al Gobierno poner fin a la "intolerable" situación actual de "deterioro" institucional e instar a su presidente a convocar elecciones generales.