domingo, 30 de noviembre de 2025 16:02

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Belarra escribe una carta a Sánchez para que no autorice un hotel-rascacielos en el puerto de Málaga

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, y la también diputada Martina Velarde han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladar formalmente su "preocupación y rechazo" al proyecto del hotel-rascacielos previsto en el Dique de Levante del puerto de Málaga.
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La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, y la también diputada Martina Velarde han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladar formalmente su "preocupación y rechazo" al proyecto del hotel-rascacielos previsto en el Dique de Levante del puerto de Málaga.

Ambas parlamentarias han solicitado al Ejecutivo que no conceda la autorización excepcional requerida para la construcción del edificio al considerar que el proyecto "carece de una justificación real basada en el interés general y supone un "grave perjuicio" para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía", según una nota de este partido.

En su escrito, las diputadas han explicado que el proyecto en tramitación "no coincide" con la propuesta que ganó el concurso público convocado para actuar en este enclave portuario. Tras abandonar los promotores el diseño ganador, "se encargó un edificio completamente distinto, incrementando su altura hasta los 144 metros y modificando elementos esenciales".

Según han indicado Belarra y Velarde, "numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial", lo que pone en cuestión "la transparencia y legalidad del procedimiento".

Al hilo, las diputadas han subrayado que la torre proyectada tendría "un impacto irreversible" sobre el paisaje de la bahía de Málaga, superando la altura "de cualquier otro edificio de la ciudad e incluso del Monte Gibralfaro".

Además, en la carta han advertido de que el rascacielos "rompería por completo la silueta histórica de la ciudad", y han apuntado que expertos han alertado de que "la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente". Así, Belarra y Velarde han cuestionado que el rascacielos pueda considerarse de interés general, ya que está promovido "por un fondo de inversión extranjero para un hotel de gran lujo, sin una justificación real que avale su necesidad".

En la misiva también han señalado que, si Málaga requiriese nuevas plazas hoteleras de estas características, "sería perfectamente factible evaluar otras localizaciones, junto a otra altura y volumetría posibles, mucho más apropiadas que un punto tan sensible y estratégico como el Dique de Levante".

Defienden, en su lugar, destinar este enclave a usos públicos, zonas verdes o equipamientos de bajo impacto. De esta forma, la carta enviada al Gobierno ha destacado el "amplio rechazo social" que suscita el proyecto, con más de mil alegaciones registradas y apoyo de entidades culturales, profesionales y científicas.

También han citado una encuesta reciente del diario Sur que sitúa en un 75% el rechazo ciudadano. Además, han deslizado que existen actualmente dos procedimientos contencioso-administrativos en marcha contra la iniciativa, promovidos por la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y por la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

De esta forma, las diputadas adjuntan referencias a un documento técnico de 80 páginas, firmado por expertos en urbanismo y patrimonio, que recrimina "deficiencias administrativas graves", una evaluación insuficiente de movilidad y medio ambiente, una viabilidad económica no acreditada y un "déficit profundo" de participación ciudadana en un proceso de más de una década.

En concreto, Belarra y Velarde han afirmado que la autorización del Consejo de Ministros solo puede otorgarse si el proyecto responde inequívocamente al interés general, algo que consideran que no ocurre. En este sentido, han concretado que "no existe consenso técnico, social ni institucional; el impacto sobre el paisaje sería irreversible; la tramitación presenta déficits notables; y el beneficio tangible recae casi exclusivamente en intereses privados".

Por ello, han concluido solicitando formalmente que el Consejo de Ministros no autorice la excepción necesaria para permitir la construcción del rascacielos y han reclamado repensar el Dique de Levante "desde una lógica de uso público y sostenibilidad urbana".

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