García insta a Ayuso a verificar si las prácticas en el Hospital de Torrejón se dan en otros hospitales concesionados

Reclama a la Comunidad abrir una investigación para esclarecer posibles vulneraciones en el centro hospitalario torrejonero

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este jueves una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para solicitarle la apertura "inmediata" de una investigación sobre las prácticas en el Hospital de Torrejón basadas en el beneficio económico y le insta a verificar si este tipo de comportamientos se dan en otros hospitales públicos de la región con gestión privada.

En la misiva, la titular de Sanidad reclama una investigación "exhaustiva, independiente y transparente" que esclarezca si se han producido vulneraciones en el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, tras el audio de su CEO, Pablo Gallart, en el que daba instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

"Resulta imprescindible que la Comunidad de Madrid esclarezca con urgencia si las órdenes reveladas han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales que vinculan a Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)", asevera García en la misiva.

La titular de Sanidad ha enviado este escrito a Díaz Ayuso un día después de que el diario 'El País' publicara un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según el audio publicado por este periódico.

Según expone García, si se confirman estas prácticas, constituirían "una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid". En este sentido, subraya que esto "no puede ser ignorado por ninguna autoridad sanitaria".

EXTINGUIR LA CONCESIÓN
En caso de confirmarse, expone que la Comunidad de Madrid "está obligada" a activar los mecanismos previstos en la ley, incluido el inicio del procedimiento para extinguir la concesión del Hospital Universitario de Torrejón. "La ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados a costa de su salud y, si así fuera, tiene derecho igualmente a que la gestión sea devuelta al ámbito público", detalla.

Por otra parte, la ministra de Sanidad demanda que se verifique si las prácticas reveladas son aisladas o forman parte de "dinámicas más amplias" en el conjunto de centros públicos gestionados mediante concesión privada en la Comunidad de Madrid. En este punto, hace referencia a otros operadores que gestionan otros centros, en concreto, al grupo Quirónsalud, señalando que "han sido objeto de diversas controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento", y aconseja reforzar los mecanismos de supervisión y control en todos los hospitales sometidos a este régimen concesional.

"El Gobierno de España y este Ministerio no pueden permanecer ajenos ante hechos que, de ser verificados, comprometerían gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad que debe presidir toda asistencia sanitaria. La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", asevera García.

Con todo, solicita a la presidenta de la Comunidad de Madrid que informe al Ministerio de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público.