Afectados por la disolución del Popular piden que el Banco Santander asuma una eventual responsabilidad civil subsidiaria al haber adquirido la entidad.
El presidente del Gobierno se ha reunido con Ana Botín, Florentino Pérez o Isidro Fainé para presentarles su agenda de reformas y transmitir una sensación de estabilidad institucional.
Por no disponer de información necesaria de clientes que suscribieron 'Valores Santander' y por incumplir obligaciones que regulan la relación banco-cliente.
El segundo ejecutivo de Santander, José Antonio Álvarez, ganó en 2017 por su posición como consejero delegado del grupo 6,43 millones de euros, un 5,9% más que en 2016
El juez requiere documentación al Santander, al Banco de España, al Banco Central Europeo, a la Junta Única de Resolución (JUR), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre otras.
La Audiencia Nacional expone que el FROB ejecutó la operación por decisión de la JUR y que las reclamaciones hay que dirigirlas a los tribunales europeo.
Para recuperar el dinero, los clientes tendrán que venderlos a otros inversores. "¿Quien puede querer comprar unos bonos que rindan el 1%?", preguntan.
A cambio de esta operación -valorada en 680 millones- la entidad presidida por Ana Botín exige que renuncien a emprender acciones legales contra el banco cántabro.
Bonistas del Popular liderados por Pimco estudian acciones legales a través del bufete Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan para estudiar distintas opciones de litigar para recuperar el dinero perdido.
Accionistas minoritarios y no minoritarios estudian denunciar por la vía civil a la Junta Única de Resolución europea y al FROB, así como la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español.
