Santander

Afectados por la disolución del Popular piden que el Banco Santander asuma una eventual responsabilidad civil subsidiaria al haber adquirido la entidad.

El banco prevé cerrar 1.150 oficinas y reducir la plantilla. El Santander anunció que recolocaría a los trabajadores afectados. 

Un familiar la llamó por teléfono en reiteradas ocasiones y, tras no localizarla, aleró a la Policía.

El presidente del Gobierno se ha reunido con Ana Botín, Florentino Pérez o Isidro Fainé para presentarles su agenda de reformas y transmitir una sensación de estabilidad institucional.

"Creo que es una cuestión de trabajar juntos para encontrar esa manera de volver a atraer a todos los catalanes al proyecto de España".

Banco Santander adquirirá, por sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones de Banco Popular.

Por no disponer de información necesaria de clientes que suscribieron 'Valores Santander' y por incumplir obligaciones que regulan la relación banco-cliente.

El expresidente de Popular Emilio Saracho cobró 4,48 millones de euros en apenas cuatro meses al frente de la entidad.

El segundo ejecutivo de Santander, José Antonio Álvarez, ganó en 2017 por su posición como consejero delegado del grupo 6,43 millones de euros, un 5,9% más que en 2016

El juez requiere documentación al Santander, al Banco de España, al Banco Central Europeo, a la Junta Única de Resolución (JUR), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre otras.

El Santander propone la recolocación de 585 trabajadores de Popular en otros departamentos del grupo, principalmente en el área tecnológica.

La Audiencia Nacional expone que el FROB ejecutó la operación por decisión de la JUR y que las reclamaciones hay que dirigirlas a los tribunales europeo.

Los afectados podrían indemnizados si se determina que habrían obtenido un mejor acuerdo bajo un concurso de acreedores.

Para recuperar el dinero, los clientes tendrán que venderlos a otros inversores. "¿Quien puede querer comprar unos bonos que rindan el 1%?", preguntan.

A cambio de esta operación -valorada en 680 millones- la entidad presidida por Ana Botín exige que renuncien a emprender acciones legales contra el banco cántabro.

Bruselas y el BCE señalan que la transferencia de Banco Popular a Banco Santander necesita ser vigilada de cerca por las autoridades supervisoras.

Bonistas del Popular liderados por Pimco estudian acciones legales a través del bufete Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan para estudiar distintas opciones de litigar para recuperar el dinero perdido.