viernes, 17 de agosto de 2018 10:53
Economía

La oleada de prejubilaciones entre los funcionarios preocupa a Montoro que advierte a Báñez

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Montoro con banez efe

Cristóbal Montoro junto a Fátima Báñez en el Congreso (EFE)

Tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación de los funcionarios de la Administración se produce a los 65 años de edad. Sin embargo, éstos pueden solicitarla dos años antes, siempre y cuando lleven 35 años de servicio. Pero esta baja anticipada provoca la aplicación de “coeficientes reductores a la cuantía de la pensión”.


El caso es que, debido a la incertidumbre generada por el Ministerio de Empleo sobre el futuro de las pensiones, las peticiones de prejubilación en el sector público se están multiplicando desde comienzos de año. Es por ello que Cristóbal Montoro ha reclamado a la ministra Fátima Báñez que difunda cuanto antes un mensaje tranquilizador.


Los principales sindicatos de funcionarios ya se han hecho eco de que llevan semanas recibiendo solicitudes de información de empleados públicos de 64 y 65 años. Los funcionarios quieren saber cuánto dinero perderían si solicitan una jubilación anticipada y piden asesoramiento sobre qué hacer, teniendo en cuenta los planes del Gobierno sobre las pensiones.


Según los datos de que disponen los sindicatos, los empleados que barajan una prejubilación llevan ya 35 años de servicio. Así, cada funcionario que se acoja a una baja anticipada perderá unos 200 euros. Una cantidad que muchos están dispuestos a asumir.


En este sentido, los sindicatos reconocen que, pese a no disponer de información concreta sobre los planes del Ministerio, las noticias que llegan son preocupantes. Según las centrales, existe riesgo real de una pérdida de valor de las pensiones a dos o tres años vista. De hecho, los pensionistas podrían perder de media, en 5 años, 300 euros.


Así las cosas, la mayoría de estos empleados públicos de 63 y 64 años que han pedido asesoramiento se inclinan finalmente por solicitar la jubilación anticipada y argumentan que prefieren perder ahora 200 euros que trabajar dos años más y al final ver reducida la pensión en 300.


NEGOCIACIÓN DE SUELDOS Y JORNADA CON LAS PENSIONES DE FONDO


Aún sin datos oficiales, esta tendencia ya ha llegado a conocimiento del Ministerio de Hacienda en plena negociación con los sindicatos sobre la subida de sueldos y la reducción de jornada a los funcionarios. Pero desde los sindicatos han advertido a Montoro de la oleada de bajas anticipadas.


La situación, de la que Montoro tenía conocimiento por los datos facilitados desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, preocupa en Hacienda. Y, de ir a más este tipo de solicitudes, podría causar problemas. Así, Cristóbal Montoro ya ha advertido a Fátima Báñez de lo que está sucediendo entre los funcionarios de 63 y 64 años y le ha pedido que, pese a no poder anunciar todavía el plan del Gobierno para el futuro de las pensiones, lance algún mensaje optimista para detener esta salida anticipada.


Tanto desde los sindicatos como desde el Gobierno achacan el aumento de las jubilaciones anticipadas a las dudas existentes sobre la supervivencia de las pensiones a corto plazo, y a los anuncios realizados hasta la fecha: “No convencen ni la financiación de los planes privados ni la cotización por los mejores años de la vida laboral”, advierten.


En el Ministerio de Hacienda recuerdan que el antecedente más próximo de esta oleada de bajas se produjo en 2012, cuando Rajoy suprimió la extra de Navidad de diciembre de ese año y aumentó un 1% el IRPF de todas las nóminas. El efecto fue demoledor: se pasó de 5.647 jubilaciones anticipadas de funcionarios en 2011 a 13.972 en los doce meses siguientes. Una tendencia que se mantuvo durante los tres años posteriores. En 2016, las prejubilaciones se estancaron y en 2018 se podría batir el récord si continúa la actual oleada.

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