miércoles, 21 de noviembre de 2018 18:39
Economía

La lista negra de 21 países con sistemas de "pasaporte dorado"

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Paraiso fiscal


Una lista negra de 21 países cuyos esquemas de "pasaporte dorado" amenazan los esfuerzos internacionales para combatir la evasión fiscal ha sido publicada por el principal think tank económico de Occidente.


Tres países europeos -Malta, Mónaco y Chipre- se encuentran entre las naciones que han sido señaladas como países de alto riesgo que venden la residencia o la ciudadanía en un informe publicado este martes  16 de octubre por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.


El organismo con sede en París ha dado la voz de alarma sobre la rápida expansión de la ciudadanía de 3.000 millones de dólares por parte de la industria de la inversión, que ha convertido a la nacionalidad en una mercancía comercializable.


A cambio de donaciones a un fondo fiduciario soberano, o inversiones en propiedades o bonos gubernamentales, los extranjeros pueden convertirse en ciudadanos de países en los que nunca han vivido. Otros planes, como el del Reino Unido, ofrecen residencia a cambio de importantes inversiones.


El programa operado por Malta es particularmente popular porque, como Estado miembro europeo, sus nacionales, incluidos los que adquieren la ciudadanía, pueden vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE. 


Desde 2014, el país ha vendido la ciudadanía a más de 700 personas, la mayoría de ellas de Rusia, el antiguo bloque soviético, China y Oriente Medio.


Sin embargo, los líderes políticos, las fuerzas del orden y los organismos de inteligencia están cada vez más preocupados por la posibilidad de que los planes sean objeto de abusos por parte de delincuentes y de empresarios que incumplen las sanciones.


Transparency International y Global Witness, en un informe conjunto publicado la semana pasada, describieron cómo la UE ha conseguido casi 100.000 nuevos residentes y 6.000 nuevos ciudadanos en la última década a través de acuerdos mal gestionados que estaban "envueltos en el secreto".


También en la lista negra de la OCDE hay un puñado de naciones caribeñas que fueron pioneras en los métodos modernos de comercialización de la ciudadanía. Entre ellos figuran Antigua y Barbuda, las Bahamas, Dominica, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves, que ha vendido 16.000 pasaportes desde que relanzó su programa en 2006.


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Después de analizar los esquemas de residencia y ciudadanía operados por 100 países, la OCDE dice que está nombrando aquellas jurisdicciones que atraen a los inversionistas al ofrecer bajas tasas de impuestos personales sobre los ingresos provenientes de activos financieros extranjeros, mientras que tampoco requiere que un individuo pase una cantidad significativa de tiempo en el país.


Los segundos pasaportes pueden ser utilizados indebidamente por aquellos que desean "esconder bienes que se encuentran en el extranjero", según el grupo de reflexión. Su iniciativa emblemática es un marco para que los países cooperen en la lucha contra la evasión fiscal mediante el intercambio de información. Conocida como la Norma Común de Información, el marco permite que los detalles de las cuentas bancarias que una persona puede tener en el extranjero se envíen a su oficina tributaria nacional.


La OCDE cree que la facilidad con la que las personas más ricas pueden obtener otra nacionalidad está socavando el intercambio de información.


Si un ciudadano del Reino Unido se declara chipriota, por ejemplo, la información sobre sus cuentas bancarias en el extranjero podría compartirse con Chipre en lugar de con el Servicio de Impuestos y Aduanas de Gran Bretaña.


"La OCDE advirtió que "se puede abusar de los planes para tergiversar la jurisdicción de residencia fiscal de una persona".


Los nombres finales en la lista son:


- Bahrein


- Colombia


- Malasia


- Mauricio


- Montserrat


- Panamá


- Qatar


- Seychelles


- Islas Turcas y Caicos


- Emiratos Árabes Unidos


- Vanuatu


Junto con los resultados del análisis, la OCDE también está publicando orientaciones prácticas que permitirán a las instituciones financieras identificar y prevenir los casos de evasión mediante el uso de tales sistemas, asegurándose de que los ingresos procedentes del extranjero se comuniquen a la jurisdicción de residencia real.

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