Vídeo | Judit González queda exonerada: el Juez Peinado archiva la investigación sobre la asesora de Begoña Gómez

El archivo de la causa contra Judit González pone fin a semanas de especulaciones sobre la gestión de personal en Moncloa y sobre la posible utilización indebida de recursos públicos. La decisión judicial llega tras una primera comparecencia de la secretaria general, en la que se desvinculó de cualquier responsabilidad penal relacionada con las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.

Contexto del procedimiento

La investigación comenzó a raíz de denuncias que apuntaban a la posibilidad de un desvío de fondos públicos en la contratación de Álvarez para desempeñar funciones de carácter privado, además de sus tareas oficiales en la Presidencia del Gobierno y la Universidad Complutense de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, había citado a González bajo la sospecha de un delito de malversación de caudales públicos “en la modalidad de comisión por omisión”, considerando que no habría impedido que la asesora realizara labores privadas para la esposa del presidente.

González se convirtió en la quinta persona citada en el procedimiento, junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Francisco Martín Aguirre —secretario general de Presidencia entre julio de 2021 y marzo de 2023— y el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión de Peinado de archivar la investigación respecto a González no afecta al resto de las líneas abiertas.

La comparecencia decisiva

La declaración de González, que estaba inicialmente programada para el 12 de noviembre, se pospuso por motivos de agenda de uno de sus abogados y finalmente se realizó este domingo en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, en los Juzgados de Plaza de Castilla. Durante su comparecencia, González respondió a todas las preguntas planteadas por su defensa y por el juez, aclarando de manera precisa su papel en la contratación y supervisión de Álvarez.

Fuentes jurídicas han explicado que su exposición fue clave para determinar que no existían indicios de conducta delictiva. “Tras la exposición de los hechos y la comparecencia de González, no existen indicios de responsabilidad penal que justifiquen mantener la causa abierta”, señalaron. Esta resolución constituye un sobreseimiento libre, lo que significa que la secretaria general queda exonerada de cualquier imputación.

Implicaciones políticas y mediáticas

El caso generó gran atención mediática y debate político, al situar bajo escrutinio la gestión de personal de Moncloa y la relación entre asesores del Gobierno y la familia presidencial. La resolución favorable a González refuerza la transparencia de su gestión y despeja dudas sobre posibles irregularidades.

Analistas políticos destacan que, aunque la decisión judicial solo se aplica a González, marca un precedente importante sobre cómo se investigan y perciben las funciones de los altos cargos en la administración pública. Según expertos, el archivo de la causa contribuye a clarificar los límites de responsabilidad de quienes gestionan personal y recursos en la Presidencia del Gobierno.

Detalles jurídicos del auto

El auto de Peinado, al que tuvo acceso Europa Press, subraya que la citación de González se basó en la necesidad de aclarar su posible implicación en un supuesto desvío de fondos públicos y en funciones privadas de Álvarez. Sin embargo, tras analizar la declaración de la investigada y los documentos aportados, el magistrado concluyó que no existían pruebas de un delito de malversación.

El procedimiento sigue abierto para otros investigados, pero el sobreseimiento de González destaca por ser una de las figuras clave en la gestión de Presidencia durante el período analizado. Esto apunta a que el caso no compromete la estructura central del equipo de la Presidencia del Gobierno.

Conclusión del análisis

El archivo de esta investigación subraya la importancia de diferenciar entre la supervisión administrativa y la responsabilidad penal. La secretaria general de la Presidencia ha quedado liberada de cualquier acusación, reforzando la percepción de que la contratación de asesores y la gestión de personal en Moncloa se realizó dentro del marco legal establecido.

La resolución también sirve como recordatorio de la complejidad de las investigaciones sobre cargos públicos, donde la línea entre lo administrativo y lo penal requiere un análisis riguroso. González ha demostrado, mediante su declaración, que actuó con diligencia y que no hubo desviación de fondos ni participación en tareas privadas que pudieran constituir delito.