Redes criminales atacan activistas ambientales para seguir destruyendo el Amazonas

La deforestación de la Amazonia brasileña está impulsada por redes criminales creadas por invasores y campesinos que utilizan la violencia y la intimidación contra quienes tratan de detenerlos, denuncia Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este 17 de septiembre.

El documento de 165 páginas titulado 'Las mafias forestales tropicales: cómo la violencia y la impunidad alimentan la deforestación en la Amazonía brasileña', elaborado por la organización no gubernamental, señala que la deforestación ilegal y los incendios forestales están relacionados con actos de violencia e intimidación contra los defensores del medio ambiente en el país.

Mapa de la deforestación del Amazonas / HRW

Según HRW, el gobierno brasileño fracasó cuando intentó investigar y procesar a los responsables de este tipo de delitos, sin castigar a la mayoría de los responsables del asesinato de ambientalistas y defensores de la mayor selva tropical del mundo.

"Los brasileños que defienden la Amazonia se enfrentan a amenazas y ataques de redes criminales involucradas en la tala ilegal", sostiene Daniel Wilkinson, director interino de derechos humanos y medio ambiente de Human Rights Watch.

"La situación no hace más que empeorar con el presidente[de Brasil, Jair] Bolsonaro, cuyo ataque a las agencias ambientales del país está poniendo en peligro la selva tropical y a la gente que vive allí".

Para preparar el informe, HRW entrevistó a más de 170 personas, incluidos 60 miembros de comunidades indígenas y otros residentes de tres estados amazónicos: Maranhão, Pará y Rondônia.

Según la ONG, en la región operan redes criminales coordinadas generalmente por ganaderos e invasores ilegales con capacidad logística para coordinar la extracción, procesamiento y venta de madera a gran escala, al tiempo que movilizan a hombres armados para intimidar y, en algunos casos, matar a quienes buscan defender el bosque.

A principios de septiembre, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, señalaba que el crimen organizado es responsable de la deforestación de la selva amazónica.

Los investigadores también entrevistaron a docenas de funcionarios del gobierno en Brasilia y en toda la región amazónica, incluyendo a muchos que mencionaron cómo las políticas adoptadas en la administración de Bolsonaro están socavando los esfuerzos de aplicación de la ley para prevenir la destrucción de los bosques.

"Durante su primer año en el cargo, Bolsonaro redujo la aplicación de las leyes ambientales, debilitó a las agencias ambientales federales y criticó duramente a las organizaciones e individuos que trabajan para preservar la selva amazónica", dice el informe.

HRW llevó a cabo más de 60 entrevistas con funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes ambientales o penales en la región, y otras 60 entrevistas con miembros de comunidades y residentes indígenas, y encontró un amplio consenso en cuanto a que esa violencia ha sido un problema generalizado en la región durante años.

MÁS DE 300 ASESINATOS

Más de 300 personas han sido asesinadas en la última década en el contexto de conflictos por el uso de la tierra y los recursos en la Amazonia, según datos recogidos por la organización vinculada a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia Católica.

HRW documentó 28 asesinatos, cuatro intentos de muerte y 40 amenazas de muerte en el informe, destacando que en todos estos casos hay "pruebas fidedignas de que los responsables estaban implicados en actos de deforestación ilegal y veían a sus víctimas como obstáculos para su actividad delictiva".

Otro hallazgo alarmante se refiere al hecho de que los responsables de actos de violencia en la región rara vez son llevados ante la justicia.

"De los más de 300 asesinatos registrados por la CPT, sólo 14 fueron juzgados; de los 28 asesinatos documentados por Human Rights Watch, sólo dos fueron llevados a juicio y ninguno de los más de 40 casos o amenazas resultó en ningún castigo", según la ONG.

En el documento se señalaba que la falta de rendición de cuentas por los crímenes se debía en gran medida al hecho de que la policía brasileña no llevó a cabo las investigaciones apropiadas.

"La policía local reconoció su fracaso y dijo que [esto sucede] porque los asesinatos ocurren en áreas remotas. Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado omisiones flagrantes en las investigaciones de asesinatos en las ciudades, [...] incluyendo la falta de realización de autopsias", señala el informe.

Las investigaciones sobre las amenazas de muerte no son mejores, y las autoridades en algunos lugares se niegan a registrar denuncias de amenazas.

"En al menos 19 de los 28 asesinatos documentados, las amenazas contra las víctimas o sus comunidades precedieron a los ataques. Si las autoridades hubieran investigado, los asesinatos podrían haberse evitado", dice el informe.

En conclusión, HRW señaló que las comunidades indígenas y otros residentes de la Amazonía han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en los esfuerzos del país para frenar la deforestación, advirtiendo a las autoridades de actividades ilegales que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

Sin embargo, la reducción de la aplicación de la normativa ambiental fomenta la tala ilegal y tiene como resultado una mayor destrucción de la selva amazónica en Brasil.

El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo y tiene la mayor biodiversidad registrada en un área del planeta. Tiene unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados e incluye territorios en Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa (colonia francesa).