La causa contra Castellano se queda en Sagunto y la asume el juez que estudia la querella de Avialsa contra el exgerente

La causa abierta contra el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, y otras ocho personas más por presunta malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros delitos, se quedará en Sagunto (Valencia) y la asumirá el juzgado que también instruye una querella interpuesta por la propia mercantil contra el exgerente de la entidad, Francisco Alandí, por estafa. 

Inicialmente fue el juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, por encontrarse de guardia, el que ordenó la semana pasada las detenciones de Castellano y los otros nueve imputados en el procedimiento, así como los 13 registros practicados en la provincia de Valencia. La titular de este órgano judicial fue la encargada de tomar declaración a todos los arrestados, a los que dejó en libertad provisional con cargos, con retirada de pasaporte para que no puedan salir del territorio nacional.

Ahora este asunto ha pasado, por orden de reparto, al Juzgado de Instrucción número 2 de la misma localidad, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa ante el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana en la que aludía a una "actuación maliciosa" e, incluso, delictiva, por parte de miembros del Patronato de la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana, dirigida por Huerta. En esta denuncia, Alandí aludía a supuestas facturas falsas y a cacerías con altos cargos del Gobierno valenciano, que ya se están investigando.

Seguidamente, el pasado año, Alandí presentó una denuncia en Fiscalía Anticorrupción de Madrid, en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la Conselleria de Gobernación dirigida entre 2007 y 2014 por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a Avialsa por la extinción de incendios. Desde Madrid se remitieron las actuaciones a Valencia, y el fiscal anticorrupción encargado del caso, Vicente Torres, tras meses de investigación, decidió denunciar los hechos en el juzgado.

En la causa abierta contra Castellano, a los diez imputados se les atribuyen, en diferentes grados, delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo. En este procedimiento se investigan supuestos favores de Castellano a Huerta, con quien coincidió en cacerías y al que adjudicó contratos para la extinción de incendios forestales por 33 millones de euros; así como actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa.

QUERELLA DE AVIALSA

Paralelamente, se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto instruye en estos momentos la querella que en su día interpuso Avialsa -cuyo presidente, Vicente Huerta, se encuentra entre los diez imputados en el procedimiento de Castellano- contra el exgerente de la mercantil, Francisco Alandí, por un presunto delito continuado de estafa.

En este procedimiento se le ha fijado a Alandí una fianza de 500.000 euros y se investiga un delito continuado de estafa agravada en relación a obras en su vivienda y a viajes sufragados por Avialsa; y sus actuaciones con la mercantil Glofrane, por un presunto delito continuado agravado de apropiación indebida, en relación a facturas, liquidación de gastos y uso de tarjetas de empresa, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, sobre el asunto de los viajes, el juez instructor entiende que los mismos "poco o nada" tienen que ver con la actividad de la empresa, Avialsa, y cita dos viajes a Disneyland, a París o a Andorra a esquiar. Así mismo, señala que en ellos, Alandí estuvo acompañado de su familia, y que consta en las actuaciones que se falsearon facturas con la finalidad de desgravar las mismas por conceptos de representación.

Sobre los gastos, el magistrado señala que de las diligencias se desprende que quien dirigía el holding empresarial era Alandí, y no Huerta, y que los empleados le tenían "temor" al querellado. También advierte de la existencia de tickets y justificantes "que muchos de ellos nada tuvieron que ver con el objeto social de la empresa" como la adquisición de prendas de vestir de marca, restaurantes de lujo o comidas y almuerzos que no se registraban en horario laboral. Alude, además, a la compra de skies por 2.600 euros, compra de revistas, artículos de Disney o un videojuego.