El Gobierno logra cómodas mayorías para sus decretos gracias a los problemas internos de la oposición

El Gobierno de Mariano Rajoy está amortizando --por lo menos de momento--los líos internos de la oposición para sacar adelante varias decisiones que, de otra manera, debería necesitar una mayoría absoluta que ahora no tiene.

Así, el Ejecutivo ha logrado convalidar tres decretos llevados al Congreso sobre temas urgentes. Y lo ha hecho con una mayoría cómoda.

“Ejemplo de la legislatura colaborativa”, según el portavoz del PP, Rafael Hernando. “Acuerdos de gran coalición sobre las migajas”, según el portavoz de Podemos, Íñigo Errejón. Por su parte, los socialistas se congratulan de que el PP haya tomado decisiones que no habría tomado con una mayoría en la Cámara Baja.

Sea como fuere, el Gobierno lleva ya siete decretos convalidados con mayorías amplias en lo que llevamos de legislatura. Y los de este martes no han sido precisamente sobre temas menores: pobreza energética, devolución de las cláusulas suelo y empleo juvenil.

PP Y PSOE IMPIDEN CAMBIOS EN EL DECRETO DEL BONO SOCIAL Y CONTRA CORTES DE LUZ

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, como la prohibición de los cortes de suministro a las familias a los usuarios de especial vulnerabilidad.

El texto, en vigor desde el 24 de enero tras su aprobación un día antes por el Consejo de Ministros, llegaba al Congreso con el respaldo del PSOE y Ciudadanos gracias al pacto alcanzado por el Gobierno. En contra ha votado Unidos Podemos, ya que consideran que no soluciona nada

PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado tramitar el decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El bono social supone un descuento del 25% en la factura final de electricidad y a él pueden acogerse los consumidores más vulnerables, un colectivo que actualmente incluye a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a tres kilovatios.

Actualmente existen 2,4 millones de hogares acogidos al bono social, lo que supone aproximadamente un total de siete millones de personas.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las administraciones públicas competentes.

También se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.

PP, PSOE Y C’s IMPIDEN CAMBIOS EN EL DECRETO SOBRE CLÁUSULAS SUELO

En el Pleno de este martes también se ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, que regula el mecanismo extrajudicial para que las entidades devuelvan las cantidades indebidamente cobradas a los hipotecados afectados por estas cláusulas.

La convalidación de la norma ha contado con el voto a favor del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, frente a la abstención del PSOE y PNV, y el voto en contra de Unidos Podemos-En ComúPodem-En Marea, ERC, PDECat, Compromís y Bildu.

Además, PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que hará imposible que el texto del Gobierno sea modificado por la oposición como pedía Unidos Podemos o ERC.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado que la norma busca "profundizar en la protección de los consumidores" y dar una respuesta "eficaz" y "rápida" para que los afectados puedan cobrar en el menor plazo posible las cantidades que les fueron indebidamente cobradas por las cláusulas suelo.

El procedimiento es obligatorio para la entidad financiera cuando lo solicite el cliente, y ésta tendrá tres meses para llegar a un acuerdo y resolver las reclamaciones. El cliente y la entidad pueden acordar medidas compensatorias distintas de la devolución en efectivo. Además, el consumidor puede decidir acudir a la vía judicial directamente si lo desea.

PP, PSOE Y C’s IMPIDEN CAMBIOS EN EL DECRETO DE IMPULSO A LA GARANTÍA JUVENIL

En el Pleno de este martes también se ha aprobado la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que introduce mejoras en el registro del plan para llegar a un mayor número de beneficiarios y fija la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones.

La convalidación de la norma ha contado con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro Asturias, frente a la abstención de Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDECat. De hecho, PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que imposibilita que el texto del Gobierno sea modificado por la oposición como pedía Unidos Podemos, entre otras formaciones.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,ha marcado la necesidad de darle un "nuevo impulso" a la Garantía Juvenil con medidas en materia de inscripción, sobre lo que ha explicado que se simplifican los requisitos de acceso al sistema, ya que antes hacían falta tres meses o 30 días sin estar recibiendo formación o trabajando, mientras que ahora basta con no haberlo hecho el día anterior a la solicitud de inscripción.

Se establece la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La conversión se dirige a los incentivos a la cotización a la Seguridad Social a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje que beneficien a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ha añadido que se crea empleo entre los menores de 25 años, a un ritmo del 7,1%, más del doble que la media nacional, y la tasa de desempleo juvenil se ha reducido 14 puntos en los tres últimos años.

Durante su comparecencia, Báñez ha explicado que la Comisión Europea ha asignado a España ya un total de 2.360 millones de euros (1.887 fijados por las instituciones europeas y 473 dedicados por España) para el cumplimiento de la recomendación de la Garantía Juvenil a través del programa operativo de empleo juvenil en España hasta 2020, a ejecutar hasta 2023.

PENSIONES Y RESCATE BANCARIO

Además de sacar adelante estos tres decretos, también ha podido desembarazarse de la proposición de ley del PSOE para revalorizar las pensiones este año y la paralización de una comisión de investigación sobre el rescate bancario.

Para frenar la revalorización de las pensiones, el PP ha contado con el apoyo de Ciudadanos en la Mesa. La proposición de ley establecía un incremento del 1,2% --coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno-- y fijaba que, en caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen acorde esta subida.

En cuanto a la comisión de investigación del rescate bancario, el PP se ha valido del apoyo del PSOE y Podemos para rechazar, otra vez, una comisión de investigación de Ciudadanos. Esto no quiere decir que el tema esté zanjado para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que Podemos tiene pendiente una petición similar.