La CUP presiona para que las 'leyes de desconexión' se aprueben antes del 11S

Anna Gabriel y Carles Puigdemont en una imagen de archivo

Lio en el Parlament de Cataluña. La imagen de unidad que JxSí y la CUP intentaron escenificar este lunes con la presentación de la 'Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república' no ha durado ni 24 horas.

Este martes, en una entrevista conjunta en Catalunya Ràdio, la diputada de la CUP, Gabriela Serra, ha pedido que ambas leyes se aprueben en el próximo pleno de la Cámara catalana, programado para el 6 y 7 de septiembre. 

La 'cupaire' ha argumentado que su aprobación en el próximo pleno "obligaría al Gobierno a salir y decir qué mecanismos tiene para parar" el referéndum y la ley de transitoriedad". 

Por su parte, el diputado de JxSí, Lluís Corominas ha dicho que su grupo "mantiene la posibilidad" de que ambas leyes se aprueben fuera de un pleno ordinario. Y ha apuntado que tanto un decreto ley como la convocatoria de un pleno monográfico son opciones que se contemplan para tramitar sendas normas.

Mientras que Corominas ha señalado que la ley se puede aprobar en el pleno del 5 y 6 de septiembre, o en un pleno extraordinario; Serra ha insistido que se tiene que hacer en un pleno habitual. El diputado de JxSí ha dicho que "estamos hablando" y ha garantizado que "llegaremos a un acuerdo seguro".

LA MESA NO ADMITE A TRÁMITE LAS LEYES

Horas más tarde, sin embargo, la Mesa del Parlament -donde la CUP no tiene representación- no ha admitido a trámite ninguna de las dos leyes -ya registradas-, por lo que no podrán votarse en el pleno del 6 y 7 de septiembre.

Según fuentes parlamentarias, la Mesa de este martes ha redactado el orden del día del pleno y en ningún caso ha hablado de las leyes de 'desconexión', si bien el tema ha protagonizado extraoficialmente buena parte del encuentro.

Los grupos de la oposición han mostrado su enfado por que todavía no se aborde la admisión a trámite de la ley del referéndum, teniendo en cuenta que se registró a finales de julio, antes del parón estival, y que lo habitual era abordar su trámite en la Mesa del 16 de agosto, la primera tras las vacaciones: el de este martes es el tercer encuentro que lo omite.

Por eso Cs, PSC y PP han pedido a la presidenta, Carme Forcadell, un informe jurídico de los letrados sobre dos asuntos: sobre la legalidad del contenido de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y sobre por qué se dilatan su tramitación cuando lo normal es hacerlo en la Mesa posterior al registro de la ley.

La mayoría independentista en la Mesa defiende que estos informes no son necesarios, y argumentan que las leyes todavía no se han tramitado por las "amenazas" del Estado y del Tribunal Constitucional (TC). Forcadell ya explicó hace dos semanas que no se puede exigir que estas leyes de tramiten con normalidad, porque "la situación no es normal, teniendo en cuenta que hay cinco miembros de la Mesa encausados".

La propuesta de pedir un informe jurídico se ha votado y la mayoría que forman JxSí la ha rechazado, por lo que la oposición acusa tanto a JxSí como a la CUP de "trilerismo" parlamentario.

Ahora bien, tras el encuentro, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha dicho que su grupo había pactado con JxSí que la ley del referéndum se tramitara el 16 de agosto, "pero JxSí ha variado su estrategia por los últimos movimientos del TC". La CUP asume que las leyes "contravienen el Estatut y la Constitución y se asume la desobediencia", por lo que no entienden la estrategia de JxSí.

Una forma de hacer llegar las leyes al Parlament es el artículo 81.3, que permite modificar el orden del día con el pleno ya en marcha para votar una iniciativa en ese mismo momento si lo piden dos grupos. Pero ni la oposición, que lo califica de "grosero", ni la CUP, que piden "dejarse de astucias", están a favor de esta opción.

"VAMOS TARDE"

Como reacción a la no inclusión del trámite de las leyes, la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha advertido a JxSí de que las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica deben aprobarse antes de la Diada del 11 de septiembre: "Vamos tarde". 

"Estamos optando por una estrategia de las astucias cuando tendríamos que optar por la participación", ha dicho en rueda de prensa, y ha recordado que la campaña del referéndum comenzará pocos días después de la Diada y que para entonces la gente debe saber que la determinación de celebrar el referéndum existe.

"Debe ser este Parlament el que debe aprobar esta ley. Estamos en contra del decreto ley si no es que hay alguna medida represiva del Gobierno contra los miembros de la Mesa", según Boya, que considera que las medidas del Ejecutivo central hasta ahora no han ido más allá de la gesticulación.

También exige al Govern que explique los problemas de logística que puedan tener y quién los genera: "Expliquemos que el Estado español nos hace boicot en algunas cosas, expliquemos quién nos roba las garantías".