Varias CCAA fijan ingresos mínimos de unos 2.000 euros al mes para acceder a vivienda protegida, según Civio

Varias comunidades autónomas establecen unos ingresos mínimos que pueden superar los 2.000 euros al mes para acceder a una vivienda protegida y fijan alquileres al nivel del mercado libre, con Madrid a la cabeza en el uso de estas prácticas, según se desprende de una investigación elaborada por Civio.

Según recogen desde la organización sin ánimo de lucro en 'Alquiler de vivienda protegida: para rentas superiores a la media y a precio de mercado', en Madrid para acceder al Plan Vive se pide estar cobrando, al menos, una vez y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente está en 8.400 euros anuales en catorce pagas.

De esta manera, aplicando los coeficientes correctores según miembros de la familia, los ingresos mínimos van de los 15.750 euros para familias de una o dos personas, a los 18.000 euros para seis o más, lo que supone 1.312,5 euros y 1.500 euros mensuales brutos con las pagas extras prorrateadas.

Sin embargo, un segundo requisito para acceder a este plan de vivienda pasa porque el alquiler, incluyendo gastos de comunidad e IBI, no puede superar el 35% de los ingresos.

En 2024, la Comunidad de Madrid elevó los precios máximos de la vivienda protegida entre un 26% y un 56%. Actualmente, el precio de los alquileres van de los 9 a los 13,2 euros por metro cuadrado.

De esta manera, para un piso de 70 metros cuadrados de precio básico en el municipio de Madrid, con una renta de cerca de 1.000 euros entre piso, garaje y trastero, los ingresos mínimos requeridos superarían los 2.700 euros mensuales, y los 3.000 euros si es de precio limitado.

Según Civio, los mínimos que impone el Plan Vive madrileño son los más altos, pero "no es la única comunidad donde cierran la puerta de la vivienda protegida a las personas que no llegan a ciertos ingresos".

Así, según recogen desde la organización, Extremadura exige cobrar los 8.400 euros anuales del Iprem en las viviendas de promoción privada y Castilla-La Mancha impone un mínimo de ingresos de 350 euros mensuales, con variaciones según miembros de la familia, incluso en las viviendas de promoción pública.

Otras comunidades no establecen mínimos de ingresos por norma, pero sí los requieren en determinadas promociones. Así, Cantabria ha destinado 289 viviendas energéticamente eficientes construidas con fondos 'Next Generation' a familias con ingresos mínimos desde 1.750 a 2.333 euros mensuales, según el número de miembros de la familia, y máximos hasta los 4.200 euros.

También la Generalitat Valenciana limitaba el acceso a las 184 viviendas del edificio La Torre, en Valencia, a familias que ganen al menos cuatro veces la suma del alquiler -de 292 a 506 euros- y los gastos de comunidad, que no concreta. Esto sería unos ingresos mínimos que van de los 1.200 hasta más de 2.000 euros.

El Instituto Catalán del Suelo, dependiente de Cataluña, sacó a adjudicación en julio varias decenas de viviendas en Igualada para familias con ingresos de al menos 1.500 euros mensuales y el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, en Barcelona, otros 68 pisos para los que impone un mínimo de 1.666 euros, incluso para cinco de ellos que tienen una sola habitación y están destinados a una persona o dos -si están casados o son pareja de hecho- menores de 35 años.

El Gobierno de Aragón también impone un mínimo y máximo de ingresos de 1,5 y 2,5 veces el Iprem, respectivamente, para solicitar una de las nueve viviendas públicas que tiene en el municipio de Graus. Una horquilla de ingresos que va de los 1.050 a los 1.750 euros mensuales.

Es el mismo mínimo de ingresos que requiere el Gobierno de Ceuta para optar a una de las 45 viviendas protegidas destinadas a jóvenes de su empresa pública de vivienda, aunque aquí el máximo es bastante superior: 3.500 euros mensuales en el caso de uno o dos convivientes.

"Los ingresos máximos que marcan las comunidades autónomas para acceder a una vivienda protegida son, en general, bastante altos. Al menos en comparación con los límites marcados en otros países europeos", se recoge en la investigación elaborada por Civio, que ponen de ejemplo Berlín (Alemania), donde el límite salarial son 1.400 euros en el caso de una sola persona para acceder a una vivienda protegida.

INGRESOS MUY SUPERIORES AL SALARIO MEDIO ESPAÑOL
En España los límites de ingresos para optar a una vivienda protegida se estiran hasta 7,5 veces el Iprem en la Comunidad de Madrid y si se aplican los coeficientes correctores, el límite de ingresos en el caso de una sola persona se sitúa en más de 6.560 euros mensuales, y para una familia de seis o más miembros, en 7.500 euros.

En Islas Baleares, el límite de ingresos para todo tipo de vivienda protegida -tanto especial, como general y concertada- son 6,5 veces el Iprem, lo que supone entre 5.000 euros mensuales para una sola persona y 6.500 para familias con dos personas con ingresos.

En todos los casos, han expuesto desde Civio son "ingresos muy superiores al salario medio español" que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situaban en 28.050 euros anuales en 2023, es decir, poco menos de 2.340 euros mensuales brutos.

Para Civio, el límite de ingresos tan altos da como resultado que miles de solicitantes de vivienda protegida queden fuera, pese a que "sus ingresos son precisamente los que más justificarían el acceso a vivienda protegida".