Consumo afirma que las sanciones a las 'low cost' tienen base jurídica pese al expediente de Bruselas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 afirma que las sanciones a cinco aerolíneas 'low cost' por cobrar por el equipaje de cabina tienen argumentación jurídica aunque la Comisión Europea haya decidido abrirle expediente este miércoles.

Las sanciones se dieron a conocer el pasado noviembre, cuando Consumo anunció multas a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas, tales como el cobro por estas maletas o por reservar asientos contiguos para personas dependientes. La cuantía total de las sanciones ascendía a 179 millones de euros.

Ahora, la Comisión Europea ha anunciado un procedimiento de infracción contra España por esta multa porque considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo explican que cada año se abren una media de 30 expedientes de este tipo y que España tiene abiertos 94 en la actualidad, uno de ellos por la OPA de BBVA a Sabadell, ya que la Comisión Europea detectó que podría incumplirse la normativa bancaria de la Unión Europea.

En cualquier caso, afirman desde el departamento gubernamental, "este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas" por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial, ya que la CE "no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE".

Con todo, el Ministerio de Pablo Bustinduy se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones "se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea".