Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca advierten sobre los riesgos de VeriFactu para pymes y autónomos

Proponen una moratoria mínima de dos años en la aplicación obligatoria de programas de facturación electrónica certificados

Las organizaciones Ceoppan (panadería), Cedecarne (carnicería) y Fedepesca (pesca) han emitido un manifiesto conjunto advirtiendo sobre los riesgos para microempresas y autónomos de la implantación del sistema VeriFactu, que obliga a empresarios, autónomos y profesionales a utilizar programas de facturación electrónica certificados y a transmitir los datos a la Agencia Tributaria de forma segura e inmediata.

VeriFactu supone, según las organizaciones, un reto para las pymes y microempresas españolas que puede poner en riesgo "la viabilidad de miles de establecimientos" si no se aplican medidas correctoras y una planificación más paulatina que tenga en cuenta la realidad del tejido artesano y tradicional del país, conformado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados.

A pesar de que las patronales han afirmado compartir el objetivo de transparencia y control, identifican obstáculos para la adaptación en sus respectivos sectores, como la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas, por lo que consideran que las empresas de panadería, carnicería y pesca "no están todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de VeriFactu".

Ante la posibilidad de que la aplicación inmediata de este sistema tenga consecuencias negativas para la continuidad de las empresas, Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca proponen el establecimiento de una moratoria mínima de dos años en la aplicación obligatoria de VeriFactu, que permita a los establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica.

Además, las organizaciones plantean exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años, flexibilidad para colectivos vulnerables, con prórrogas o ayudas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica, y deducciones fiscales para hacer más atractivo el cambio y recompensar a los que se adhieren antes y ayudar a paliar la inversión.

Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representan las organizaciones, que consideran necesaria la colaboración con el Gobierno para elaborar un plan de choque específico que ayude a las empresas a realizar la transición hacia la facturación electrónica, además de medidas concretas en tres ámbitos: apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo.

Desde las confederaciones defienden que sus sectores son "un elemento esencial para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y de barrio y la calidad de vida de la ciudadanía", por lo que VeriFactu no alcanzará los objetivos de transparencia y control sin poner en riesgo la continuidad de microempresas y pymes si su implantación se realiza "de forma precipitada" o "desconectada de su realidad cotidiana".

Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca piden al Gobierno una implantación flexible hasta 2028, estableciendo una moratoria y un plan de choque con medidas de apoyo, así como exenciones para mayores, ayudas económicas inmediatas, y acompañamiento técnico y formativo, para garantizar que ninguna empresa del sector quede atrás en el proceso de digitalización fiscal.