La retroactividad del nuevo SMI conllevará sobrecostes para las empresas de unos 2,9 millones, según Asempleo

El retraso en la publicación oficial del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y su aplicación retroactiva desde el 1 de enero podría tener un sobrecoste administrativo de 2,9 millones de euros para las empresas, que se verán obligadas a recalcular nóminas y hacer nóminas complementarias, según estimaciones publicadas este viernes por Asempleo.

La patronal de empresas de trabajo temporal y de agencias de empleo precisa que, para el sector de las ETT, estos costes adicionales superarán los 690.000 euros como consecuencia de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.

Según establece la normativa, cuando el nuevo SMI se publique, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. "Esto significa que todas las empresas deberán recalcular las nóminas ya cerradas y pagadas desde principios de año. Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa", advierte Asempleo.

De acuerdo con las estimaciones de esta patronal, el mencionado recálculo implicaría un tiempo adicional de gestión estimado en 14 minutos por cada caso, un precio hora de consultoría de nóminas de 57 euros y un coste unitario de recálculo de 13,30 euros.

"Esto tiene una altísima incidencia en sectores con alta rotación de personal como el de las ETT y las agencias de empleo, y se traduce en miles de horas de trabajo administrativo no productivo", denuncia.

Para realizar estas estimaciones, Asempleo ha tomado como base la realización de 1.185.600 contratos totales y 220.258 contratos en el tramo del SMI a nivel nacional, aproximadamente un 18,6% del total, y, en el caso de las ETT, de 281.207 contratos totales y 52.242 en el tramo SMI.

"La dificultad real de repercutir este coste administrativo sobre el cliente final afecta los márgenes y la productividad del sector, penalizando la competitividad de empresas que ya operan con exigencias muy altas de cumplimiento normativo", ha avisado el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

La organización empresarial insiste en que la publicación del Real Decreto por el que se fije el nuevo SMI y la entrada en vigor de éste debe realizarse de manera "sincrónica". "La previsibilidad y la estabilidad regulatoria en costes laborales no es una cuestión menor, sino una condición de seguridad jurídica, eficiencia administrativa y calidad en el empleo", concluye Cruañas.