jueves, 20 de noviembre de 2025 23:23
Opinión

Un 20N con golpe de Estado judicial

Carmen P. Flores
Carmen P. Flores
Directora de Pressdigital

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Cómo pueden cambiar las cosas en cuestión de horas. Hasta ahora, el 20N está siendo recordado por dos cosas: la llegada de la democracia a España y la muerte del dictador Franco. A partir de ahora, hay que añadirle una tercera, que es el golpe de Estado judicial que ha perpetrado el Tribunal Supremo con la condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa, así como una “indemnización” de 10.000 euros a la pareja de Ayuso, por un delito de revelación de secretos al filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado del acusado de fraude, González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La publicación de ese email, en el que el abogado proponía un pacto a la Fiscalía y admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

La sentencia, que ha sido emitida con una rapidez fuera de lo común, no ha sido dictada por unanimidad, sino que, de los siete magistrados, cinco han votado a favor de condenarle y dos, por cierto, mujeres, han votado en contra. Una decisión que ha sido tomada sin pruebas, sin tener en cuenta las declaraciones de los periodistas que habían afirmado que García Ortiz no había sido su fuente de información. Mientras que el jefe de gabinete de Ayuso declaraba con la desfachatez del que se cree protegido, sus acusaciones eran intuitivas, sin aportar pruebas. Ya dijo en su día que “lo del fiscal iba pa’lante”. ¿Cómo sabía Miguel Ángel Rodríguez que el fiscal iba a ser condenado? ¿Intuición o también chivatazo?

La sentencia, emitida este 20N, no tiene nada de casualidad, sino de afirmación de que la derecha sigue controlando buena parte de la judicatura. Hay que recordar que, de los tres poderes del Estado —legislativo, ejecutivo y judicial—, este último no ha sido elegido en las urnas. Es más, con la entrada de la democracia, otro de los poderes del país, las Fuerzas Armadas, sufrió reformas importantes a partir de 1975 con el fin de adaptarlas a los nuevos tiempos. Un arduo trabajo que se fue haciendo poco a poco, con mucha mano izquierda. Había que jubilar a los militares franquistas y abrir las ventanas para que entrara aire fresco. La administración también fue reformada, mientras que la judicatura no lo fue, ni es elegida en las urnas. Quizás por eso la vieja guardia de las togas sigue ahí, como si la democracia no fuera con ella.

La sentencia contra el fiscal se puede interpretar como un pulso al presidente del Gobierno por haber apoyado a García Ortiz, defendiéndolo en todo momento. También, como venganza por el procés: algunas de sus señorías que han condenado al fiscal también participaron en el juicio; son cuatro: Manuel Marchena, Antonio Moral García, Andrés Martínez y Juan Ramón Berdugo. ¿También es casual? Eso pensarán algunos; yo no lo creo. Los cuatro magistrados han aprovechado la ocasión de la fecha, muy significativa, para aplicar su revancha: cargarse, por primera vez en la historia, al fiscal general, torpedear el Gobierno de Pedro Sánchez, vengarse del procés y dar a entender que ellos, con sus togas, tienen el poder absoluto, que son intocables y que no aceptan críticas.

El problema es que, cuando ellos se cansan de decir que quieren separación de poderes, resulta que ellos no la practican: la politización de la justicia viene de ellos y hacer política con la justicia es una mala noticia para la credibilidad de la misma, que es muy baja entre la ciudadanía. Esta situación está siendo comentada en toda Europa. La política para los políticos, y la justicia deberían impartirla los jueces, aunque cada día siguen perdiendo credibilidad y respeto.

Otra vez más se ha comprobado la división en dos bloques de los jueces: los jueces de derechas y los demócratas. Me preocupa que los cinco jueces que han perpetrado el golpe no hayan tenido en cuenta la opinión de los periodistas que no han mentido, pero que no pueden revelar las fuentes que les habían proporcionado esa información, porque mataría el periodismo. Creo que es muy grave y me solidarizo con los compañeros que han ido a declarar y que cinco jueces se lo han pasado por debajo de la toga. Eso no debe influir en la profesión, de la que una parte de nosotros seguimos luchando… Pese a ese revés sufrido, los periodistas vamos peleando para que la información llegue a la ciudadanía.

Decía Montesquieu que “todo estaría perdido cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.

Este 20N no será olvidado por el golpe de Estado a la democracia y a la justicia, y creo que hay que seguir defendiendo la democracia y los derechos de las personas.

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