La poca ética de tres magistrados que juzgaron al fiscal general

Que la realidad supera a la ficción es algo sabido. Lo estamos viendo casi a diario y aún tenemos la capacidad de asombrarnos; eso nos hace más humanos, si se puede decir. Estamos viviendo en un estado de zozobra constante, donde los mitos, los valores de las personas y la ética de colectivos han saltado por los aires. Son tiempos de dudas, incredulidad y de pensar que algo habrá que hacer. Mirar para otro lado, pensar que esto no nos afecta, es una actitud que dice muy poco de las personas que lo practican. Lo más fácil es quejarse, sin mover un dedo para aportar, denunciar o manifestarse pidiendo que las cosas cambien. La arena de las playas la forman millones de granos de arena. Así debería ser la sociedad: persona a persona forman una gran masa, y cada unidad puede hacer cosas.

El colectivo judicial, en sus diversos estamentos, sigue siendo noticia, para desgracia de la ciudadanía, que ve cómo cada día pierde más credibilidad por sus acciones u omisiones. No son dioses, aunque haya una parte de ellos que lo crea; tampoco son intocables en una democracia. Lo suelo escribir muchas veces: el respeto y la credibilidad no se imponen, se ganan con ejemplos, cosa que no se está dando desde hace tiempo.

Todavía sigue coleando la “sentencia” no dada aún del juicio al fiscal general del Estado, donde se le condenaba por filtrar datos (cosa que no ha sido probada), sin que la condena haya sido argumentada, una semana después de haberla “filtrado” el Tribunal Supremo. Una decisión que está siendo cuestionada por colectivos de jueces y fiscales.

Este miércoles se conocía que tres jueces que juzgaron y condenaron al ya dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, impartieron un curso de tres días la semana pasada, precisamente los días en los que teóricamente estaban deliberando sobre el fallo. Los tres magistrados fueron: Andrés Martínez –presidente del tribunal y ponente de la sentencia, que aún parece estar sin redactar–, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. El curso remunerado estuvo organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que, por cierto, fue una de las primeras acusaciones en querellarse contra la Fiscalía.

Los tres magistrados cobraban 90 euros por hora: Andrés Martínez percibirá 180 euros por sus dos horas de clase; Berdugo y Del Moral, con cuatro horas cada uno, suman 360 euros cada uno. Además, Del Moral, por la coordinación del curso, ha sumado 270 euros. Parece mentira que sus tres señorías, a quienes se les supone mucho trabajo, tengan tiempo para dar cursos (es bastante habitual que lo hagan) y lo realicen precisamente en una entidad que se presenta como acusación en un juicio en el que participan los tres, uno de ellos el presidente del tribunal, lo que puede plantear conflicto de intereses, al menos según algunos juristas.

En el caso de que sea legal la participación de los tres magistrados, lo que se plantea es la no idoneidad de hacerlo, la falta de ética de los tres. El presidente del tribunal, al concluir su clase, decía: “Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal”, palabras que levantaron risas entre los asistentes.

Las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Andrés Martínez, son de una irresponsabilidad manifiesta. No venían al caso y mostraban una chulería impropia del cargo. La discreción suele pedirse a los demás; él está por encima de todo. ¿Alguien tomará medida con su señoría por sus palabras, su parcialidad en este caso con el Colegio de Abogados de Madrid y la poca ética que han tenido los tres? ¿No podían haber renunciado dada la situación? Una nueva acción de sus señorías en la que el ejemplo no forma parte de la actuación profesional. Decía Fray Antonio de Guevara en el siglo XVI: “Ningua es la ley que a todos igual no es.”

Por el contrario, el nombramiento de la nueva fiscal, Teresa Peramato, criticado por algunos partidos y también por el sector más conservador de la judicatura, ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial. Es una buena señal. ¿Se producirá un cambio en el mundo de la judicatura? Hay que pensar que se ha puesto un grano de arena en este mar judicial, donde aún hacen falta muchos granos progresistas para que la confianza de la gente en la justicia vaya volviendo poco a poco. Eso se gana con ejemplos, transparencia y acercamiento a la ciudadanía.