miércoles, 10 de agosto de 2022 07:34
Politica

La ley que regula el acceso y uso de información financiera en investigación de delitos graves entra en vigor el lunes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales, que entrará en vigor en agosto, es decir, desde el próximo lunes.

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Archivo - Fachada del Tribunal de Cuentas
Archivo - Fachada del Tribunal de Cuentas

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales, que entrará en vigor en agosto, es decir, desde el próximo lunes.

Esta norma está realizada por el Ministerio del Interior y pretende regular el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, denominado 'Fichero de Titularidades Financieras', estableciendo medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

Eso sí, en ambos casos, la ley establece que el acceso y uso a dicha información solo será posible en el marco de actuaciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y con "plenor espeto" a los derechos fundamentales y a la legislación vigente sobre protección de datos personales.

Según se precisa en la norma, las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras son los órganos judiciales penales; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las policías autonómicas con competencias en investigación de delitos graves; la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

 

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