El clima político en Euskadi se ha visto sacudido por la decisión del PNV de presentar en solitario en el Parlamento Vasco una reforma legal para blindar los requisitos de euskera en las convocatorias de empleo público. La propuesta, destinada a “garantizar seguridad jurídica” tras diversas sentencias judiciales, ha sido duramente cuestionada por el PSE-EE, socio de Gobierno de los jeltzales.
El parlamentario socialista Ekain Rico ha acusado al PNV de actuar con unilateralidad, rompiendo así el histórico consenso que ambas formaciones habían mantenido sobre la política lingüística. “No hemos sido nosotros quienes nos levantamos de la mesa”, ha declarado, asegurando que el PSE estaba dispuesto a seguir dialogando para alcanzar un acuerdo.
El PNV: "Una discrepancia concreta"
Desde el PNV, el parlamentario Joseba Díez Antxustegi ha intentado rebajar la tensión, enmarcando el conflicto como “una discrepancia concreta, en un momento concreto, sobre una cuestión muy concreta”. Según explicó, la propuesta responde a la “preocupación” del partido ante decisiones judiciales que ponen en cuestión los criterios lingüísticos aplicados en oposiciones públicas. A su juicio, era necesario actuar para “dotar de seguridad jurídica al sistema” y “por lealtad” tanto institucional como política.
Antxustegi admitió, no obstante, que “no hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo entre socios de Gobierno”, y añadió que esta falta de consenso exige autocrítica por parte del PNV. Aun así, negó que esta actuación reste legitimidad al papel del PSE en materia de euskera y defendió su relevancia futura como “agente importante en los consensos sobre el euskera desde 1982”.
EH Bildu: “Una más entre muchas discrepancias”
EH Bildu ha sido especialmente crítica con la gestión conjunta del PNV y el PSE, que considera plagada de desacuerdos fundamentales. Su portavoz, Nerea Kortajarena, ha afirmado que esta propuesta unilateral del PNV “se suma a otras discrepancias concretas en otros momentos concretos” que demuestran, en su opinión, que la coalición de Gobierno carece de un proyecto estratégico compartido.
Pese a considerar “positiva” la voluntad del PNV de traer el debate lingüístico al Parlamento, EH Bildu ha calificado de “insuficiente” su propuesta. “El euskera está sufriendo una ofensiva brutal y el debate debe hacerse en sede parlamentaria, no en los tribunales”, ha dicho Kortajarena, señalando que la protección del euskera exige una acción política más firme.
PSE-EE: defensa del pacto lingüístico y acusaciones cruzadas
Para los socialistas, el movimiento del PNV no solo supone una fractura interna, sino una amenaza a los consensos históricos que han permitido construir una política lingüística estable en Euskadi durante décadas. Rico ha recordado que “los consensos no se rompen entre socios de Gobierno, sino en el modelo lingüístico común que hemos compartido”.
Ha respondido también a quienes hablan de ofensiva judicial contra el euskera, argumentando que las sentencias recientes “no son fruto de jueces ideologizados, sino de trabajadores y trabajadoras que vieron pisoteados sus derechos en determinados procesos selectivos”.
PP y Sumar: críticas por motivos distintos
El PP, por su parte, ha aprovechado el conflicto para cuestionar el modelo lingüístico en su conjunto. Santiago López ha asegurado que las exigencias de euskera en las oposiciones son “excesivas, desproporcionadas y alejadas de la realidad”. En su intervención, ha acusado al PSE de “hipocresía” por intentar ahora desvincularse de una política que —según él— han respaldado durante años: “Siempre habéis estado ahí, firmando oposiciones conjuntas con requisitos desproporcionados”.
Desde Sumar, Jon Hernández ha apelado al consenso y a la revisión pausada del modelo lingüístico. Aunque reconoce que los consensos actuales han tenido un valor histórico, ha pedido evitar el enfrentamiento y garantizar la protección de los derechos laborales en cualquier revisión futura. “No podemos considerar ofensiva judicial que una trabajadora recurra tras perder su puesto por criterios lingüísticos poco claros”, ha advertido.
Una fractura política con implicaciones profundas
La propuesta del PNV, aunque aparentemente técnica y circunscrita a un aspecto específico del empleo público, ha reabierto un debate de fondo sobre el papel del euskera en las instituciones y la capacidad del actual Gobierno vasco para sostener consensos políticos en temas estratégicos.
La fractura entre PNV y PSE, aunque negada formalmente por ambos, pone en cuestión la cohesión de la coalición y alimenta las críticas de EH Bildu, que sigue esperando que estos desencuentros deriven en un cambio de alianzas. Por su parte, el PP y Sumar representan posiciones opuestas sobre el papel del euskera, pero coinciden en señalar la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad institucional.
En definitiva, lo que el PNV calificó como “una discrepancia concreta” amenaza con convertirse en una señal de alarma sobre la estabilidad del Ejecutivo y la evolución futura del modelo de política lingüística vasca.
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