El Congreso acepta una ley de PP para que el fiscal general no nombre al custodio de los datos personales en la Fiscalía

La propuesta logra ser admitida a trámite gracias a la abstención de Junts y pese al voto en contra del Gobierno y sus aliados

El Congreso ha aprobado este martes, pese a la oposición del PSOE y Sumar, la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el fin de que el fiscal general no designe al responsable de protección de datos personales de la institución. La reforma ha superado esta primera votación gracias al apoyo del PP, Vox y UPN más la abstención de Junts y Coalición Canaria.

En concreto, la proposición de ley busca restablecer un sistema de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal, en lugar de la designación directa actualmente atribuida al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se implantó en la reciente Ley de Eficiencia de la Justicia.

El texto del Grupo Popular, defendido este mares por la dirigente del PP Cuca Gamarra, propone que el titular de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos sea elegido entre juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional y conocimientos acreditados en materia de protección de datos. Su mandato sería de cinco años no renovable y su cese solo podría producirse por incapacidad o incumplimiento grave, apreciados por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal.

La proposición de ley recupera así la fórmula anterior a la reforma que, según el Grupo Popular, "garantizaba la independencia y neutralidad" de la autoridad encargada del control de datos en el Ministerio Fiscal.

Para el PP, la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto "se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea" y que "no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función".

LA CLAVE DEL BORRADO DE DATOS DEL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ
El debate parlamentario ha coincidido con la investigación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que precisamente se sentará en el banquillo en noviembre acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar un correo electrónico con información confidencial sobre un supuesto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante las pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que García Ortiz no guardaba en su teléfono ninguna conversación de mensajería instantánea ni correos electrónicos relacionados con González Amador. Desde Fiscalía se trasladó que la razón es que el fiscal general aplicó un protocolo de protección de datos por lo que borra de manera sistemática el contenido de su teléfono.

Por ello, en el juicio está llamado a declarar el actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, tras unas diligencias en las que el juez de la causa le requirió copia la normativa interna aprobada del Ministerio Fiscal relacionada con el uso de teléfonos móviles y emails de todo tipo para comprobar que ese borrado de datos fue oportuno.

Hidalgo fue elegido para el puesto en el Consejo Fiscal del 25 de junio de 2020, durante el mandato de Dolores Delgado, con el apoyo de los seis miembros de la Asociación de Fiscales, mayoría en dicho órgano. Su mandato de cinco años vence próximamente y, con la normativa actual, el nuevo responsable podrá ser designado directamente por Álvaro García Ortiz sin necesidad de contar con la aprobación del Consejo Fiscal, como ocurría hasta ahora.