El Tribunal Supremo prepara el juicio al fiscal general entre alta seguridad, cientos de periodistas y un protocolo histórico

El inicio del juicio contra el fiscal general del Estado se ha convertido en un acontecimiento de primer nivel en la justicia española. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con su historia de procesos emblemáticos, acoge ahora un caso que combina relevancia institucional, complejidad jurídica y atención mediática sin precedentes. La expectación es máxima: la cobertura de los medios será exhaustiva, el acceso del público limitado y las medidas de seguridad extremas.

Un proceso histórico bajo vigilancia máxima

El Tribunal Supremo juzgará a Álvaro García Ortiz desde el lunes por presunta revelación de secretos. Las sesiones, previstas hasta el 13 de noviembre, combinarán turnos de mañana y tarde. Aunque se espera la asistencia de 50 personas por día en calidad de público, más de 200 periodistas seguirán el proceso desde distintos puntos habilitados en el tribunal. A diferencia del juicio del ‘procés’, no habrá emisión en directo, un hecho que refuerza la solemnidad y exclusividad del procedimiento.

Entre los testigos figuran fiscales, responsables de comunicación del Ministerio Público, políticos, abogados, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y periodistas. La acusación particular la ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, mientras que García Ortiz afronta la causa con el apoyo de sus abogados, José Ignacio Ocio y Consuelo Castro.

Despliegue protocolario y medidas de seguridad

El fiscal general se desplazará desde la sede de la Fiscalía General en un coche oficial escoltado, entrando por la puerta principal reservada a autoridades. Sus abogados accederán por otra entrada para reunirse con él en el interior de la sala. La defensa solicitará que García Ortiz siga las sesiones desde los estrados, junto a sus abogados, incluso durante su declaración. "El objetivo es garantizar que pueda seguir el juicio en condiciones adecuadas", explican fuentes jurídicas.

El Supremo ha diseñado un operativo sin precedentes para coordinar la presencia de medios y público, asegurando un control exhaustivo sin comprometer la transparencia.

La Sala de lo Penal: un escenario cargado de historia

La Sala de lo Penal, con sus estrados de madera de caoba, paredes forradas en seda de Damasco roja, candelabros y ventanales, ha sido testigo de procesos que marcaron la historia judicial española. Desde el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997, pasando por el caso de Javier Gómez de Liaño, hasta procesos recientes contra Francesc Homs, Alberto Rodríguez, Eulalia Reguant y el expresidente catalán Carles Puigdemont, este espacio simboliza la mezcla de solemnidad, historia y justicia.

La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ya había anunciado en una jornada de puertas abiertas: "Sí, sí, se va a hacer uno próximo que es muy famoso, que es el del fiscal general del Estado". Esa declaración anticipó la relevancia mediática y simbólica del proceso que ahora comienza.

Restricciones mediáticas y control del público

Solo 20 redactores podrán acceder a la sala por sesión, mientras que los demás seguirán la vista desde la biblioteca o el salón de actos a través de señal interna. En total, se han acreditado 59 medios, incluidos internacionales y nacionales. "No habrá emisión en directo ni en diferido, por orden expresa de la Sala de lo Penal", confirman fuentes del alto tribunal.

El acceso limitado convierte cada sesión en un evento excepcional y refuerza la atención a los detalles, obligando a los periodistas a trasladar cada novedad con precisión.

La gravedad de la acusación y su impacto institucional

García Ortiz está acusado de facilitar a la ‘Cadena SER’ información confidencial sobre un correo electrónico enviado por el abogado Carlos Neira, que vinculaba a la pareja de Díaz Ayuso con posibles delitos fiscales. La causa combina la dimensión penal con el impacto político y mediático, generando un juicio que no solo analiza la conducta del fiscal, sino también la transparencia y responsabilidad de la cúpula judicial y política del país.

El proceso representa un desafío sin precedentes en la justicia española: equilibrar la máxima cobertura informativa, la seguridad de los implicados y la solemnidad de la Sala de lo Penal. Cada sesión será seguida con lupa, no solo por medios, sino por la sociedad en general, que observa con atención cómo se administra la justicia en casos de alto perfil institucional.nes.