La secretaria general de Presidencia declarará este domingo por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

La investigación sobre la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno entra en un momento decisivo. Este domingo, la secretaria general de Presidencia será interrogada por el juez Juan Carlos Peinado sobre su papel en la contratación y supervisión de Cristina Álvarez, una comparecencia que consolida la investigación judicial que vincula a altos cargos, la universidad y empresas privadas.

La cita y el papel de González

El juez Peinado ha citado a Judit Alexandra González para informarla del objeto del procedimiento y trasladarle los hechos que se le imputan, y para recibir su declaración como investigada por delito de malversación de caudales públicos.

En su auto, el magistrado subraya:
“Cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación”.

González se convierte así en la quinta persona imputada junto a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Ajustes en la comparecencia y testigos

La fecha inicial, prevista para el miércoles anterior, se modificó tras la notificación de la defensa de Álvarez, fijándose la declaración este domingo a las 17:30 horas. Este cambio también ha afectado a los testigos, que incluyen a Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa, Miguel Escassi, responsable de políticas públicas de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense.

De Alcázar declaró en su primera comparecencia:
“Nos consta que la contratación de Begoña Gómez respondió a un currículum adecuado”.

Escassi aportará detalles sobre la cátedra codirigida por Gómez y su implicación en la plataforma 'Transforma TSC'. Según fuentes de Google:
“Su colaboración formaba parte de los continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España”.

Por su parte, Doadrio explicó que la creación de la cátedra se realizó por orden del rector y que todos los procedimientos administrativos se llevaron a cabo, aunque con premura.

Investigación de múltiples delitos

Peinado investiga cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida, intrusismo y malversación. La malversación y el tráfico de influencias, por su gravedad, serán juzgados por un jurado popular, tal y como establece la legislación española.

“Cualquiera que tenga capacidad de control y no actúe puede incurrir en malversación por omisión”, argumenta el auto judicial.

Origen y ramificaciones de la causa

La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias que acusaba a Begoña Gómez de aprovechar su posición para influir en empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente, Vox presentó querellas sobre irregularidades en el registro del software de la cátedra y la contratación de Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado gran parte de la investigación, aunque anuló ciertos autos relacionados con informes sobre el rescate de Air Europa durante la pandemia, por considerar que carecían de fundamentación legal.

Impacto político y mediático

El caso ha generado un gran revuelo en el ámbito político, universitario y mediático, al involucrar a la Presidencia del Gobierno, a la Universidad Complutense y a empresas de tecnología. La declaración de este domingo se percibe como crucial para determinar la extensión de posibles responsabilidades, la legalidad de la contratación y la supervisión de Álvarez.

El proceso sigue abierto y podría derivar en nuevas imputaciones o en la ampliación de la investigación a otros contratos vinculados a la cátedra universitaria y la plataforma tecnológica desarrollada bajo su gestión.