Un juzgado abre diligencias por la denuncia de Podemos contra el Gobierno por no detener el comercio de armas con Israel

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Un juzgado de Instrucción de Madrid ha incoado diligencias previas tras una denuncia presentada por Podemos contra el Ministerio de Economía por un presunto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva, al considerar que el Gobierno no detuvo el comercio de armas con Israel a pesar del "genocidio" en Palestina.

Según ha avanzado este lunes en rueda de prensa el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, la jueza ha dado traslado además a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la denuncia, registrada en septiembre.

Por ello, ha acusado al Ejecutivo de mantener "complicidad impune" con el "Estado terrorista de Israel" y ha señalado que el Gobierno está "obligado a detener" el comercio de armas con Israel y a "impedir el tránsito" por España del armamento que tenga por destino dicho país, algo que, según ha denunciado, "no está haciendo".

El dirigente de Podemos ha señalado que esperan que la Justicia "llegue hasta el final" y ponga fin a "una complicidad que a día de hoy se mantiene intacta". "Si esa complicidad no termina por la voluntad política de este Gobierno, esperemos que sea la Justicia la que le obligue a hacerlo", ha afirmado.

"INACCIÓN DELIBERADA" Y CONTRATOS MILLONARIOS CON ISRAEL
La denuncia sostenía que el Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo incurrió en "inacción deliberada" pese a estar obligado a detener el comercio y el tránsito de armas con destino a Israel. Podemos recordó entonces que ya en febrero de 2024 solicitó la revocación de todas las autorizaciones y la suspensión del comercio armamentístico, y que Economía no respondió expresamente a su recurso posterior, lo que, según la formación, equivale a estimarlo por silencio administrativo positivo.

En aquella denuncia, Podemos advirtió de que el Ejecutivo había seguido formalizando contratos con empresas israelíes entre octubre de 2023 y abril de 2025 por valor de 1.041 millones de euros, lo que tildó una contribución al "genocidio israelí contra el pueblo palestino".