Operación de Asuntos Internos de la Policía en Valladolid para detener al jefe del Grupo de Estupefacientes

Efectivos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se han desplazado esta jueves a Valladolid para proceder a la detención del jefe del Grupo de Estupefacientes.

Se trata de una investigación iniciada hace ya tiempo de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital del Pisuerga, que ha decretado el secreto de las actuaciones, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La operación se ha desplegado a primera hora de la mañana y, al parecer, habría culminado con, al menos, la detención del citado funcionario tras distintos registros efectuados que se han extendido incluso en la propia Comisaría de Las Delicias, en la calle Gerona, donde los agentes actuantes, en un número no inferior a seis, habrían procedido al precintado de alguna taquilla en dichas instalaciones, supuestamente utilizada por la persona detenida.

No han trascendido más detalles ni si hay más personas detenidas por su presunta colaboración con el agente detenido, aunque las mismas fuentes que los integrantes de Asuntos Internos se encuentran este jueves interrogando al resto de integrantes del grupo.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en declaraciones a Europa Press, se ha limitado a "confirmar la operación en curso" pero ha declinado entrar en más detalles. "No sé nada más oficialmente, ni lo sé ni quiero saberlo hasta que concluya la operación", ha advertido el subdelegado.

Ya en el año 2023 Asuntos Internos se desplazó igualmente hasta Valladolid para realizar una operación similar que en aquella ocasión culminó con la detención de una agente de la Policía Nacional, O.R.G, que fue condenada en julio del año siguiente por la Audiencia Provincial a una pena de seis años de cárcel, posteriormente rebajada a tres años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, bajo la acusación de traficar con drogas desde la vivienda que ocupaba junto a su novio en la calle Mieses y también por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por efectuar distintas consultas en aplicaciones policiales para saber si ella o su pareja estaban siendo objeto de investigación.

En su sentencia de diciembre de 2024, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estimó parcialmente el recurso de apelación de la condenada y acordó absolverla del segundo de los delitos, el de descubrimiento y relevación de secretos por el que la Audiencia de Valladolid le había impuesto dos años y medio de privación de libertad, de forma que la pena quedó reducida a tres años y medio por tráfico de drogas, además de ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de Policía Nacional y 3.300 euros de multa.

Fiscalía había pedido para la funcionaria una condena global de casi once años de prisión y una multa de 17.300 euros, mientras que con respecto a su pareja, el también acusado C.A.G.G, llegó a un acuerdo con él para que asumiera una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de 3.300 euros, en lugar de los cuatro años y medio y los 6.000 euros que el acusador público solicitaba inicialmente.

Este último, ya en el juicio, asumió toda la culpa y sostuvo que la totalidad de la droga y otros efectos para su distribución que la policía halló en la vivienda eran suyos en exclusiva, algo que a renglón seguido ratificó la funcionaria policial, mientras que la funcionaria policial, sin éxito, aseguró que jamás había traficado con sustancias y sostuvo que desde hacía meses ambos ocupaban habitaciones distintas al haber quedado rota la relación, circunstancia en la que la que se escudó para tratar de acreditar que la habitación de matrimonio en la que fue hallada la totalidad de la droga la utilizaba únicamente su exnovio.

La investigación se inició en enero de 2023 tras recibir varias informaciones sobre una pareja, ella funcionaria del cuerpo, que podría estar dedicándose al tráfico de sustancias en una vivienda de la calle Mieses de Valladolid. Las pesquisas se prolongaron por espacio de cuatro meses, con hasta 68 actas de vigilancia y escuchas telefónicas, permitieron descubrir que la vivienda era frecuentada por numerosas personas que a los pocos minutos volvían a salir, proceder típico de quienes acuden para abastecerse de droga.