Galicia en el laberinto incendiario, la gran confusión de competencias

La gestión de los incendios recae en una intrincada red de competencias que involucra a la Xunta, las Diputaciones Provinciales y los Concellos (ayuntamientos). Si bien la Ley 3/2007 otorga la responsabilidad principal a la Xunta de Galicia para dirigir el sistema de prevención y defensa, la legislación local también confiere competencias a los municipios y a las diputaciones.

Los Concellos, especialmente aquellos con más de 20.000 habitantes, deben contar con servicios propios de extinción. Sin embargo, en la práctica, estos suelen ser insuficientes fuera de las grandes ciudades.

Las Diputaciones Provinciales intervienen principalmente en los municipios más pequeños, pero su actuación es complementaria y a menudo carece de una coordinación fluida con la Xunta.

Esta división de tareas, si bien busca una cobertura más amplia, se convierte en un laberinto. En las zonas rurales, donde la dispersión de núcleos habitados dificulta la dotación de medios, las actuaciones concertadas se vuelven la norma, pero también la principal fuente de confusión. Cada administración asume roles distintos según convenios puntuales, lo que puede provocar retrasos o duplicidad de esfuerzos en el terreno.

Críticas desde el sector: Precariedad y falta de prevención
Los sindicatos y los propios brigadistas forestales denuncian una serie de deficiencias estructurales en el sistema. El operativo contra incendios se compone de un mosaico de equipos, entre los que se encuentran:

Brigadas dependientes de la Xunta (unos 3.000 efectivos).

Brigadas municipales, a menudo contratadas de forma temporal.

Bomberos comarcales y personal estatal de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales).

Las principales críticas sindicales se centran en la fragmentación y la precariedad laboral. La CIG (Confederación Intersindical Galega) denuncia que la temporalidad y la escasa formación son la norma para muchos brigadistas municipales. Los sindicatos reclaman la integración de estos trabajadores en estructuras profesionales estables y con cobertura durante todo el año, no solo en la temporada de incendios.

Además, los agentes forestales critican la priorización de la extinción sobre la prevención por parte de la Xunta. Esta estrategia, según ellos, satura el sistema y lo hace más vulnerable. Como ejemplo, señalan la desatención de las casetas de vigilancia y las bajas de personal que no son cubiertas, lo que agrava el problema durante emergencias, como las olas de fuego que azotan la región cada verano.
 

La externalización de servicios: Un arma de doble filo
Ante la insuficiencia de medios propios, la Xunta ha optado por la contratación de empresas privadas para complementar sus recursos, especialmente en lo que respecta a medios aéreos y materiales. En diciembre de 2023, se aprobaron contratos por más de 38 millones de euros para reforzar la flota de helicópteros y aviones hasta 2027.

Esta externalización, si bien busca agilidad y rapidez, incrementa la dependencia tecnológica y presupuestaria del sistema. Los sindicatos señalan que los medios contratados no están integrados en una estructura pública estable y no resuelven las carencias de base en recursos humanos y prevención. Además, se critica que este modelo de subcontratación precariza las condiciones laborales de los trabajadores, que suelen tener salarios más bajos y contratos temporales. En lugar de resolver el problema de fondo, la externalización introduce un nuevo actor en el ya complejo entramado, sumando más potencial de confusión y descoordinación en el terreno.

En conclusión, la lucha contra los incendios en Galicia es un rompecabezas competencial y laboral que, verano tras verano, evidencia las debilidades en la protección de los montes gallegos. La profesionalización del sector, la mejora de la prevención y una clara definición de responsabilidades se perfilan como los principales retos para el futuro.