Independencia

Lo que estaba planificado por parte de los autores intelectuales de la "consulta" se ha cumplido: que la Policía Nacional y la Guardia Civil interviniera en los centros de votación para quitar las urnas, tal y como había decidido una magistrada, por considerar que la consulta era ilegal.

El manifiesto fundacional de la Assemblea Nacional Catalana afirma sin rubor alguno que “el Estado no apoya a los habitantes de Cataluña y perjudica seriamente sus posibilidades de mantener o incrementar su nivel de vida y bienestar social que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social”.

¿Qué más tienen que hacer para que detengan, no a los segundos de a bordo, sino a los primeros, a los auténticos responsables de coartar la libertad de expresión e instaurar un estado de excepción en la Comunidad Autónoma de Cataluña?

A pocas horas del día D, las acciones de los instigadores del referéndum ilegal se multiplican y llaman a estar presente en las calles haciendo el máximo ruido para seguir teniendo presencia mediática e intimidar.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, advierte de la independencia que produciría un "empobrecimiento profundísimo" de Cataluña, "un suicidio económico y financiero".

Los detenidos por la Guardia Civil no son presos políticos, son personas que se han saltado las leyes y han hecho un mal uso del dinero de todos los catalanes, incluidos los no independentistas. 

"¿Quién soy yo para decir que las decisiones que ha tomado la máxima instancia judicial española y el Parlamento español son irrelevantes?", ha defendido el presidente de la Comisión Europea en varias entrevistas.

El consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, ha matizado que el traslado sería puramente "nominal", para seguir bajo las reglas de la Unión Europea y el BCE.

El objetivo final de los independentistas institucionales no es otro que el de declarar la república catalana al día siguiente del pretendido referéndum. ¿Les dejarán hacerlo?

Desde luego, este miércoles, 6 de septiembre, será uno de los días más tristes de nuestra convivencia en común en la democracia que con tanto alborozo celebramos cuando fuimos todos capaces de conseguirla tras la muerte del general Franco. 

Las asociaciones de jueces y magistrados reclaman eliminar el "perfil presidencialista" del CGPJ y apuestan por conseguir una "mayor transparencia, objetividad y consenso" en el nombramiento de cargos.

Los catalanes estamos en el punto cero de nuestras discrepancias, ese lugar en el que nos hemos de mirar de frente y preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación y, sobre todo, quiénes son los que nos han traído a este callejón sin aparente salida.

"Obedeceremos al Parlament con todas las consecuencias" ha asegurado el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull | Aun no se han tramitado las 'leyes de desconexión'.

La Mesa del Parlament, ha vuelto a omitir la admisión a trámite de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad | Anna Gabriel ha afirmado que el acuerdo con JxSí era hacerlo el pasado 16 de agosto.

El PSOE da su visto bueno a la respuesta legal del Gobierno al desafío soberanista, pero sigue exigiéndole que busque una salida dialogada.

La Ley 92.4 del TC permite a este órgano intervenir la autonomía sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Así el Gobierno no va a tener que intervenir.

Ha asegurado que convocará un Consejo de Ministros de urgencia si se tramita la ley del referéndum en el Parlamento catalán | Ha calificado a la CUP de "pequeñez mental". 

Estos días, la cuerda independentista ha ido tensando sus posiciones con decretos, leyes exprés y compra de urnas escondidas no se sabe dónde. Mientras, el gobierno central y la justicia han ido tomando medidas.

Ahora la Mesa del Parlament tendrá que admitirla para que empiece su tramitación. La reunión en que se decidirá no tendrá lugar antes del 16 de agosto ya que el Parlament cierra sus puertas. 

La Cámara Baja catalana tiene votar todavía la ley de la seguridad social catalana, y la que plantea un régimen de transitoriedad jurídica para declarar la independencia de Catalunya.