Presupuestos 2018: oportunistas, sesgados y deliberadamente optimistas

El presidente de la CEOE, Juan Rosell

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año apuntan a un "claro sesgo de momento político" y considera que están basados en un incremento del gasto apoyado en una sobreestimación de las previsiones de ingresos. 

Unos Presupuestos oportunistas con una estimación de ingresos demasiado optimistas, necesarias para un incremento de gasto para templar muchos áminos en contra del ejecutivo de Mariano Rajoy. 

Para la patronal, es necesario impulsar unas cuentas centradas en aumentar la inversión, la formación y la I+D+i, así como la reducción del gasto público y en el incremento de la eficiencia del conjunto de las Administraciones Públicas.

En esta línea, también cree que se han de asignar mayores partidas a inversiones productivas y a políticas generadoras de actividad, crecimiento y empleo.

Además, ha apuntado que los Presupuestos "se basan en un entorno macroeconómico que muestra una moderación en la senda de recuperación para la economía española, en línea con las estimaciones del consenso de analistas españoles".

No obstante, la CEOE considera que los PGE, en los que hay un "sesgo expansivo" en la vertiente de los gastos, ponen de manifiesto el cambio de orientación de la política presupuestaria de los últimos tres años.

"El aumento de las transferencias a las comunidades autónomas, junto el incremento de las pensiones (mínimas, contributivas y de viudedad) y la senda de crecimiento pactada para los salarios del personal del sector público y otros colectivos, son una señal del fin del ajuste de la política presupuestaria", ha recalcado.

La patronal también ha señalado que las mejores cifras de recaudación deben ser aprovechadas. Por ello, apuesta por, junto con la rebaja del IRPF, acometer también rebajas de impuestos que afecten fundamentalmente al sector empresarial y favorezcan la inversión y creación de empleo.

Por último, ha insistido en "la importancia de un marco fiscal estable y predecible si España quiere ser un foco de atracción de inversión tanto nacional como extranjera".

"OPTIMISMO DELIBERADO", SEGÚN FUNCIONARIOS

Por su parte, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cosideran que el Gobierno peca de "optimismo deliberado" porque consideran que podría haber "sobreestimado" de nuevo su previsión de ingresos tributarios, recogida en el proyecto de Presupuestos, que apunta a un alza del 8,3% este año, hasta los 210.015 millones de euros.

En su opinión, este optimismo proyectado en la estimación de la recaudación es "deliberado", ya que no responde solo a los ingresos previstos como consecuencia del mayor crecimiento económico, sino también a la necesidad de sumar los votos necesarios para sacar adelante los PGE aceptando aumentos del gasto público que no comprometan los objetivos presupuestados de déficit, que España está cumpliendo al reducir la ejecución real del gasto a lo largo del año.

En cuanto a la rebaja fiscal que eximirá del pago de IRPF a las rentas inferiores a los 14.000 euros y permitirá beneficiarse de una rebaja anual media de 300 euros a quienes ingresen menos de 18.000 euros al año, Gestha señala que buena parte de los pensionistas mayores de 65 años y de los trabajadores en activo casados o con hijos ya no tributan hasta los 14.000 euros, por lo que esta medida afectará principalmente a mileuristas sin cargas familiares.

Dado que las cuentas públicas contemplan una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones a unos 2,5 millones de contribuyentes, a los técnicos les sorprende que los PGE prevean un aumento de los ingresos por IRPF del 6,5% respecto a los 77.038 millones de euros que se recaudaron en 2017 por este impuesto.

Según Gestha, teniendo en cuenta la nueva rebaja fiscal anunciada, ese aumento obligaría a que las familias ingresaran 7.020 millones más que en 2017, por lo que las cuentas "no cuadran", a pesar de que el Gobierno augure que el PIB crecerá al 2,7% -cuatro décimas más de lo previsto en octubre- y que la tasa de paro bajará hasta el 15%.

Los técnicos lanzan este aviso tres meses después de advertir de que el "agujero" en la recaudación de la Agencia Tributaria del pasado año rondaría los 6.500 millones, que finalmente fue 7.000 millones sobre los ingresos presupuestados.

El año pasado Gestha sostuvo que la recaudación tributaria quedaría lastrada por el exceso de previsión gubernamental en el IVA, mientras que para este ejercicio cree que quedará lastrada por el IRPF.

LA REFORMA FISCAL LASTRA LA RECAUDACIÓN

El sindicato critica que la reforma fiscal ha mermado los ingresos tributarios, puesto que ha costado más de 12.400 millones entre los años 2015 y 2016, lo que supone un 0,55% y un 0,58% del PIB, respectivamente, y no incide de forma relevante en los efectos multiplicadores en el crecimiento del PIB.

En este sentido, Gestha recuerda que la propia AEAT reconoce que en 2017 se acumuló además un nuevo coste de más de 2.200 millones por la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, por lo que lamenta que los ingresos del año pasado estuvieron 6.725 millones de euros por debajo del récord cosechado en 2007, cuando se recaudaron 200.676 millones.

En su opinión, las subidas del IRPF e IVA que se aprobaron en 2010 y 2012 provocaron una "mejora continua" de la recaudación, pero incrementar los ingresos del Impuesto de Sociedades sigue siendo una asignatura pendiente.

Por ello, urge a abrir un debate "lo más amplio posible" para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que, a su vez, posibilite disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento.

Así, creen que la reforma debería plantearse el reto de lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos, lo que pasaría por reducir la economía sumergida, siendo imprescindible abordar una reorganización tanto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para conseguir un más eficaz control del gasto público, como de la AEAT, para que funcione de forma más independiente de las "injerencias políticas o económicas" y solvente las "evidentes señales" de agotamiento en la lucha contra el fraude.