Los miembros constitucionalistas de la Mesa del Parlament contradicen a Forcadell

El vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña, José María Espejo Saavedra (Cs), y el secretario segundo de la Mesa del PSC, David Pérez, han afirmado este lunes en el juicio por el proceso independentista que este órgano tenía "la obligación" de admitir a trámite aquellas resoluciones de ley relacionadas con la independencia dado a que el Tribunal Constitucional (TC) las había declarado ilegales, contradiciendo así las alegaciones de la expresidenta de la cámara autonómica Carme Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión.

Forcadell explicó ante el tribunal presidido por Manuel Marchena, durante su declaración, que la Mesa tiene que admitir a trámite todas las propuestas parlamentarias sin entrar en su contenido, sólo estudiar las cuestiones formales.

Preguntada por el rechazo años antes de dos iniciativas legislativas populares sobre una ley del referéndum, la expresidenta indicó que en este caso sí estaban obligados por ley a entrar en el fondo, una tesis que también ha sido desmentida por estos dos parlamentarios durante sus declaraciones como testigo.

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Espejo ha señalado que el deber de la Mesa es "calificar" la admisibilidad de cualquier proposición independientemente de quien la presente.

Con respecto a las leyes de desconexión, ha dicho que en reiteradas ocasiones recordó "expresamente" las advertencias del TC y su oposición sobre permitir el debate sobre las leyes independentistas.

Aún así la Mesa introdujo de manera "absolutamente irregular" la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica --las leyes de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017--, ha indicado. "No fue de manera espontánea", ha añadido.

Posteriormente, Pérez se ha manifestado en la misma línea y ha asegurado rotundamente que los miembros de la Mesa tienen "la obligación de admitir cuando se incumple el ordenamiento constitucional". En este contexto, ha apuntado que él también se opuso a la tramitación de dichas propuestas independentistas y que también advirtió por escrito que se podían vulnerar el mandato del tribunal de garantías.