Derechos sociales y derechos laborales

Es un lugar común entre los comentaristas, entre los políticos institucionales, el diferenciar los derechos sociales de la población, de los derechos laborales de esa misma población. Los primeros son la vivienda, la sanidad, la dependencia y la educación, los segundos se ciñen al salario, jornada y condiciones de trabajo de la clase obrera.

Es un lugar común entre los comentaristas, entre los políticos institucionales, el diferenciar los derechos sociales de la población, de los derechos laborales de esa misma población. Los primeros son la vivienda, la sanidad, la dependencia y la educación, los segundos se ciñen al salario, jornada y condiciones de trabajo de la clase obrera. Para los políticos institucionales progresistas, la tarea es garantizar los primeros frente al neoliberalismo que los está desmantelando, mientras que los segundos se dejan a la negociación entre los agentes sociales, es decir, sindicatos y empresarios, como si fuera entre iguales, que los políticos solo tienen que "vehiculizar" a través del llamamiento al pacto social.

La concepción teórica que subyace tras estas propuestas, es que el obrero es "libre" de negociar en términos de igualdad con el patrón, y que la tarea del estado es neutral para facilitar esa negociación. Mal que le pese a los del "crepúsculo de las ideologías" ?que son muchos desde el franquista Fernández de la Mora un libro con ese título-, esta es la quintaesencia de una ideología, la burguesa: bajo el capitalismo todos somos iguales, libres y el estado es neutral.

De esta manera se despolitizan las relaciones laborales, la defensa de los trabajadores y trabajadoras quedan en manos de los sindicatos, y los partidos, poniendo "gesto serio" y asumiendo concepciones de "estado", van a lo importante, los derechos sociales.

El problema que más temprano que tarde estallará en las narices de muchos, es que los derechos sociales son parte de los derechos laborales; primero por una cuestión objetiva, la sociedad está dividida en clases sociales, de las que la mayoría de la población activa son asalariados y asalariadas ("rentas de trabajo", aquellas que tributan sobre la nomina, y no tienen "escapatoria", según el "marxista" Ministerio de Hacienda), frente a una minoría de propietarios de medios de producción y distribución ("rentas de capital", aquellas que pagan según los ingresos que dice tener el que tributa, según ese mismo ministerio "marxista").

En medio hay una capa de "clases medias" que teniendo unos ingresos como los de las capas más altas de los asalariados y asalariadas, tienen una relación con los medios de producción y distribución semejante a la de las "rentas de capital". Este sector social son una minoría respecto a los asalariados ?unos 3 millones frente a los 17 millones de éstos últimos-, pero con un gran poder ideológico, puesto que sobre ellos se sustentan las teorías de la "neutralidad" del Estado.

Su papel intermedio en la sociedad, y ante la desaparición oficial de los 17 millones de asalariados/as, travestidos en "clases medias", desde los medios de masas y los "think tanks" del capital se les convierte en portavoces de todos ellos. Así se quitan aristas a una profunda crisis social, política y económica que está tensando las relaciones sociales. A las "clases medias", empobrecidas por la crisis, les llega con recuperar cierto nivel de consumo y los derechos "sociales", recuperando la estabilidad social del pasado. Además, muchos de ellos son pequeños empresarios o profesionales liberales a los que los derechos laborales no les interesan, los dejan en manos de los "sindicalistas"; separando artificialmente "derechos sociales" de "derechos laborales".

Por definición los derechos sociales son sociales, valga la redundancia, porque afectan a la sociedad, es decir, a su mayoría; a los 17 millones de asalariados/as, activos, a los que hay que sumar los 5 millones de parados/as, y a sus familias; no solo a esos sectores intermedios empobrecidos estos años.

Es más, la crisis capitalista ha golpeado principalmente sobre la clase obrera, esos millones de asalariados/as, porque además de enviarlo al paro, reducirle los salarios y empeorar las condiciones de trabajo de manera ostensible (desaparición de la negociación colectiva, perdida de derechos colectivos, etc.), han visto como con los derechos laborales sus derechos sociales se van por el desagüe; y lo han hecho con la connivencia de unos aparatos sindicales corrompidos, envueltos en la dinámica del pacto social, que con las modificaciones legales los ha convertido en verdaderos "convidados de piedra" de ese "pacto".

Los desahucios, la privatización de la sanidad, la educación pública, la dependencia, las pensiones,... son, de últimas, tan derechos laborales como el salario y la jornada, primero porque la pagan los asalariados/as con descuentos en las nominas todos los meses; son salario diferido, son salario indirecto, o como se les quiera llamar, pero son parte del salario porque salen de la nomina mensual.

Así, cualquier modificación en las condiciones de trabajo afectan a los derechos sociales. Por ello, su restauración, a estas alturas de la crisis, cuando desde todas las instancias políticas y económicas se sigue insistiendo en la reducción de salarios, en la pérdida de derechos laborales, los pone al mismo nivel, en manos de los mismos sujetos sociales, la mayoría asalariada; y esto solo se puede lograr apuntando al corazón del sistema.