Multas desproporcionadas

Algunas de las sanciones previstas en la Ordenanza de convivencia son del todo desproporcionadas con el hecho infractor y con la finalidad perseguida. En los últimos meses he recibido quejas de diferentes ciudadanos disconformes con el importe con que se les ha castigado en relación con la falta cometida. Dos de los casos que más me han preocupado han sido sancionados con 1.125 euros cada uno, un joven por jugar a criquet en una plaza y un menor por subir en bicicleta a una losa de hormigón.

Algunas de las sanciones previstas en la Ordenanza de convivencia son del todo desproporcionadas con el hecho infractor y con la finalidad perseguida. En los últimos meses he recibido quejas de diferentes ciudadanos disconformes con el importe con que se les ha castigado en relación con la falta cometida. Dos de los casos que más me han preocupado han sido sancionados con 1.125 euros cada uno, un joven por jugar a criquet en una plaza y un menor por subir en bicicleta a una losa de hormigón.

Creo que estas sanciones, puestas correctamente con la normativa en la mano, no tienen razón de ser y he propuesto en el Ayuntamiento una rápida adecuación de los importes a las conductas infractoras. Si lo que persigue la norma municipal es disuadir de un determinado juego u ocupación abusiva del espacio público no hace falta castigar al infractor con una falta grave, que comporta precios excesivos y desproporcionados que pueden llegar a los 1.500 euros.

También creo que estos importes se tienen que revisar y adecuarlos a la capacidad económica de la ciudadanía. Cuando se aprobó la Ordenanza de convivencia, a final de 2005, las circunstancias económicas de la ciudadanía eran muy diferentes a las actuales debido a la crisis. Muchas de las personas que se quejan de estos importes atraviesan dificultades económicas y sanciones tan elevadas pueden suponer un descalabro considerable en las familias.

Particularmente grave me parece el caso del menor sancionado por hacer piruetas con la bicicleta. A pesar de que finalmente ha quedado reducida a 525 euros, encuentro igualmente la cifra exagerada, ya que se trata de una familia, en clara situación de vulnerabilidad, formada por una mujer viuda y dos hijos, y he concluido que no ha habido proporcionalidad entre los hechos inocuos cometidos por el menor y la sanción aplicada, con un resultado desmesurado y gravemente lesivo para la economía familiar porque no se había producido ningún daño al patrimonio público ni a la convivencia ciudadana. En este caso haría falta recalificar la infracción como leve y conmutarla por trabajos en beneficio de la comunidad.