miércoles, 28 de julio de 2021 16:10
Opinión

SOBREPRESUPUESTACIÓN Y DEUDA FUTURA

Luis Moreno
Luis Moreno

Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos

Alude la sobrepresupuestación a la práctica de asumir un mayor nivel de ingresos en las cuentas públicas del que razonablemente puede esperarse durante un ejercicio fiscal. Valga como ilustración considerar que los ingresos por tasas e impuestos de una corporación pública se mantendrán al mismo nivel del presupuesto anterior, aunque previsiblemente tales estimaciones sean irrealizables. La incidencia de la crisis desatada en 2007-08, por ejemplo, debería haber evitado confundir los deseos con la realidad a la hora de confeccionar los presupuestos de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. No siempre ha sido así. Más o menos interesadamente, y con harta frecuencia, se ha pasado de puntillas por el principio básico de la contabilidad clásica (doble partida) introducido por Fray Luca Pacioli (1445-1517) mediante el cual se establece que con toda “salida” (cargo) se realice una anotación contable como “entrada” (abono) de igual importe. En otras palabras, a todo gasto corresponde un ingreso.



En democracia los responsables institucionales son políticos que cortejan el voto de los ciudadanos y, consecuentemente, se muestran reacios a alcanzar una consolidación fiscal que imponga la austeridad en sus promesas electorales. La deuda generada por la sobrepresupuestación tiende a engrandecerse si se continúa haciendo pagar a las futuras generaciones de contribuyentes los excesos de las “malas prácticas” de los políticos del pasado. Además, los efectos de la sobrepresupuestación suelen beneficiar a grupos particulares en el reparto de los recursos financieros. Como nos recuerda el “efecto Mateo”--en alusión a la cita evangélica 13:12—“… a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado”. Se quiere significar con ello que los sectores sociales con mayores recursos y con mejores instrumentos para su apropiación, se benefician desproporcionadamente de programas y políticas diseñadas por lo que algunos denominan como “casta”, o intermediarios políticos del poder financiero. Suele suceder, además, que las clases y grupos sociales en desventaja recurren al patronazgo de las élites de influencia y poder, lo que apuntala las posiciones de ventaja y dominación de estas últimas. A resultas de todo ello, los ciudadanos con un estatus socioeconómica más alto tienden a beneficiarse estructuralmente de los recursos públicos sobrepresupuestados.



Aunque ambos no son lo mismo, el fenómeno de la sobrepresupuestación viene acompañado a menudo por el del sobregasto. El resultado suele ser que el agujero creado por la entrada de menores ingresos de los previstos se agranda con un mayor gasto de lo presupuestado. El recurso a la deuda para equilibrar las cuentas en las liquidaciones presupuestarias subsiguientes puede hacerse inmanejable como el caso griego ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos. En semejantes situaciones se recurre a las suspensiones de pagos y a las quitas en las cantidades adeudadas a fin de poder volver a la normalidad contable.



Según la lógica del capitalismo moderno, el endeudamiento en necesario para el crecimiento económico y el consumo de masas. Muy pocos individuos pueden afrontar el pago de su vivienda sin endeudarse hipotecariamente durante buena parte de su vida laboral (y aún más allá si se suscriben préstamos hipotecarios de hasta 35 y más años como sucedió en España durante los años del boom inmobiliario). Confiaban los bancos entonces (¿?) que los prestatarios titulares de las hipotecas hubieran hecho su previsiones de ingresos futuros de manera razonable sin caer en una sobrepresupuestación de los ingresos a prever durante el resto de sus cursos vitales. La realidad es que no pocos de ellos han dejado de pagar sus pisos y casas, sino que dejarán para sus herederos deudas insufribles de pagar.



El asunto de la sobrepresupuestación no es tan glamuroso mediáticamente como el de la corrupción. En realidad permanece escondido en buena parte de las discusiones previas a las decisiones políticas de asignación y distribución de recursos monetarios y financieros. Sus efectos en la vida de las generaciones futuras son cuantitativamente más perniciosos que las mordidas de los corruptos. Las diferencias entre unas y otras magnitudes se cuentan por miles de millones de euros. Sin embargo, el impacto de la corrupción es notoriamente mayor por su repulsa social. Las deshonestidades de políticos y representantes institucionales en España se han extendido merced al efecto multiplicador de su exposición en los medios de comunicación social. Es lo que en inglés se conoce como el echo chamber, o cámara de eco, la cual es función principal y determinante de los media en nuestras democracias. El volumen del eco propagado por las conductas tramposas de los políticos se ha hecho ensordecedor la España actual.



Ciertamente con su capacidad de prescribir -e imponer- a los gobiernos estatales europeos recetas de superación de la crisis mediante duros ajustes presupuestarios, la acción de los operadores financieros internacionales ha sido capaz de esquivar acusaciones de irresponsabilidad alegando que la lógica capitalista está regañada con el control y la dación de cuentas de los mercados. Pero los ciudadanos deben también estar atentos a cómo las decisiones políticas de la sobrepresupuestación pública indican a las instituciones una senda para huir hacia adelante cubriendo la falta de ingresos mediante el recurso al endeudamiento fácil.



El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) creado por el Consejo Europeo en marzo de 2011,75 y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), firmado un año más tarde por los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la UE (exceptuando la República Checa y el Reino Unido), han proporcionado una estructura legal paralela a la propia UE con el fin de proteger la estabilidad de la Eurozona y su moneda, además de la propia UE. La reforma del artículo 135 la Constitución de 1978 en agosto de 2011 buscó adecuarse al nuevo marco europeo, estableciendo como criterio prevalente el de la “estabilidad presupuestaria” y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Al igual a como sucede en otros países de nuestro entorno cultural, económico y político, sería bueno que los partidos animasen a los ciudadanos a expresar proactivamente sus preferencias de ingresos antes de exigir el mantenimiento -y, generalmente, incremento- de las partidas de gastos. Se dispondría, así, de una mejor visión respecto a las fuentes de ingreso y al nivel de endeudamiento que posibilite el mantenimiento -y no el subrepticio desmantelamiento- de nuestro Estado del Bienestar. Como ya adelantó el fraile franciscano Pacioli en el siglo XV para gastar hay que ingresar, ¿no les parece? 


Luis Moreno



Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)

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