Bustinduy considera "lamentable" que Bruselas se posicione como "abogado defensor" de las grandes aerolíneas

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha catalogado de "lamentable" que la Comisión Europea haya decidido "posicionarse abiertamente como el abogado defensor" de las multinacionales, tras conocerse la apertura de un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso el pasado noviembre a cinco aerolíneas --Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet y Norwegian-- por prácticas "abusivas".

Bustinduy ha criticado, en declaraciones compartidas con los medios de comunicación, que Bruselas ha decidido "desoír todas las explicaciones" que aportó su Ministerio y también, "lo que es aún más grave", a las organizaciones de consumidores europeos "con los que ni siquiera se ha reunido".

El ministro afirma que la posición de la Comisión no le sorprende, ya que cuando consiguió reunirse con el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas --después de que ya se reuniera con el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary-- lo que encontró "fue básicamente el argumentario" de la 'low cost' irlandesa. En este sentido, pone de relieve que O'Leary ya anunció en verano que esta sería la posición de la Comisión.

No obstante, sí que considera que es "lamentable" que decida "interferir e intervenir ignorando y dando la espalda" a los derechos de los consumidores, con los que no ha mantenido ninguna reunión pese a que han iniciado acciones en 13 países para "seguir la línea del Ministerio de Consumo".

"Nosotros sabemos desde el principio que nos movemos en un entorno en el que hay poderosos intereses en juego", ha recalcado, añadiendo que "las grandes empresas y las grandes multinacionales se mueven muy bien en los pasillos y haciendo 'lobby' con las grandes instituciones".

Con todo, ha recalcado que desde su cartera van a cumplir con la obligación de defender los derechos de los consumidores en España, "no los intereses de un puñado de empresas", y que irán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a defender "con todo rigor" su posición, basada en la ley española.

"Nuestra postura no va a cambiar, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias y mientras en España haya un Ministerio de Consumo que tenga las prioridades bien claras", ha subrayado.

EXPEDIENTE DE BRUSELAS
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta de emplazamiento que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. El documento insta al Gobierno a armonizar plenamente su legislación nacional con la europea en materia de servicios aéreos que establece la libertad de las compañías aéreas para fijar sus precios.

De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Fuentes del Ministerio de Consumo, por su parte, cuestionan la potestad de la Comisión para actuar en este caso y defienden que la competencia para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o interpretar la legislación comunitaria recae sobre el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Así, las mismas fuentes sostienen que "este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas".

En un comunicado, Bruselas recuerda la sentencia del Alto Tribunal europeo que establece que el equipaje de mano "debería ser, en principio, gratuito", siempre que cumpla con requisitos razonables de peso y dimensiones y cumpla también con los criterios de seguridad aplicables. En este sentido, añade, el equipaje de mano que supere dichos requisitos "razonables" está sujeto a la libertad de fijación de precios.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario considera que la Ley de Navegación Aérea española no permite a las compañías aéreas imponer un cargo adicional por el transporte de equipaje de mano, "lo que restringe su libertad para fijar precios y diferenciar" entre servicios que incluyan o no una franquicia de equipaje con mayores posibilidades.

Además, los servicios comunitarios consideran que las multas a las cinco aerolíneas infringen también el reglamento europeo mencionado en tanto que su aplicación se apoya en el marco de la ley de navegación aérea.