viernes, 30 de enero de 2026 14:23

Economía

Bruselas expedienta a España por transponer incorrectamente la directiva sobre créditos hipotecarios

La Comisión Europea ha informado este viernes del inicio de un expediente de infracción contra España por haber transpuesto de forma incorrecta a su legislación nacional varios aspectos de la directiva europea sobre créditos hipotecarios.
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Archivo - Bandera de la Unión Europea

La Comisión Europea ha informado este viernes del inicio de un expediente de infracción contra España por haber transpuesto de forma incorrecta a su legislación nacional varios aspectos de la directiva europea sobre créditos hipotecarios.

El procedimiento se ha abierto con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, que disponen ahora de un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas, antes de que la Comisión pueda avanzar hacia un dictamen motivado.

La directiva, adoptada en 2014, tiene como objetivo crear un mercado único eficiente y competitivo en el ámbito del crédito hipotecario, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección para los consumidores en toda la Unión Europea.

Bruselas considera que España no ha aplicado adecuadamente las disposiciones que permiten a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro operar en otros países de la UE sin necesidad de autorizaciones o registros adicionales por parte del país de acogida.

La Comisión subraya, además, que la normativa establece que la supervisión de estos intermediarios corresponde principalmente al lugar de origen, lo que limita el control por parte del país en el que prestan sus servicios.

El Ejecutivo comunitario también apunta que España no ha incorporado correctamente las reglas que garantizan el acceso de prestamistas de otros Estados a las bases de datos utilizadas para evaluar la solvencia de los consumidores.

Si la respuesta de las autoridades españolas no resulta satisfactoria, la Comisión podría decidir avanzar en el procedimiento con la emisión de un dictamen motivado, como siguiente paso formal del expediente que, en última instancia, prevé que Bruselas pueda elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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