Cientos de funcionarios de prisiones marchan de Ferraz al Congreso para exigir ser reconocidos como agentes de autoridad

Tellado promete acabar con la "deuda pendiente" con el colectivo y Vox acusa a PSOE y PP de no cumplir cuando están en el Gobierno

Cientos de funcionarios de prisiones convocados por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han marchado este martes desde la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz al Congreso de los Diputados para exigir cambios legales que pongan fin a las agresiones que sufre el colectivo dentro de las cárceles españolas y el reconocimiento como agentes de autoridad y profesión de riesgo.

La protesta ha contado con el apoyo de PP y Vox. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, se ha subido al escenario al final de la manifestación junto con la diputada y portavoz de Interior de esta formación, Ana Vázquez, para censurar el "buenismo penitenciario" del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Ana Vázquez ha señalado a Sumar y Podemos como los responsables de que el PSOE, en última instancia, no respalde el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, recordando que el Gobierno reconoce "más de 500 agresiones al año", aunque luego matice que el 97% son leves.

Tellado, por su parte, se ha comprometido a atender la demanda de los trabajadores penitenciarios cuando el PP llegue al poder. "Este Gobierno y los anteriores tiene una deuda pendiente con vosotros", ha dicho desde el escenario en un breve discurso porque, según ha dicho, no quería politizar las reivindicaciones de los trabajadores.

El portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, también se ha subido al escenario para, micrófono en mano, comprometerse a "echar a patadas" al Gobierno "infame" de Pedro Sánchez, aprovechando para culpar tanto a PSOE como al PP de llevar más de 20 años de incumplimientos con los funcionarios de prisiones.

DIMISIÓN DE MARLASKA
Los trabajadores penitenciarios, ataviados con camisetas negras, han pedido de forma reiterada la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por "incumplir" el compromiso --como aseguraron al comienzo de la presente legislatura-- de reconocerles como agentes de autoridad.

La marcha --secundada por unos 2.500 manifestantes, según TAMPM-- ha pasado por la sede de la Secretaría General de Instituciones en la calle Alcalá, donde han prendido botes de humo y han encendido tracas de petardos, y ha finalizado en la Carrera de San Jerónimo, a unos cien metros de la Cámara Baja. Entre los manifestantes destacaba la presencia de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que permaneció 532 días secuestrado por ETA entre 1996 y 1997.

Los representantes de TAMPM han cargado también contra responsables de Instituciones Penitenciarias como Lourdes Gil Paisán, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, al entender que está poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores al clasificar en segundo grado a presos conflictivos que, dicen desde este sindicato, deberían estar aislados.

AGRESIONES FÍSICAS Y DE ÍNDOLE SEXUAL
Según ha explicado a Europa Press el presidente de TAMPM, Manuel Galisteo, otro de los principales motivos de la protesta por las calles de Madrid es mostrar el malestar ante el "aumento de agresiones a funcionarios de prisiones". "No sólo agresiones físicas, también de índole sexual hacia las funcionarias, así como constantes insultos y amenazas que forman parte de nuestro día a día laboral", ha señalado.

Durante la protesta, próxima a la celebración del Día de la Merced en Instituciones Penitenciarias este 24 de septiembre, se ha vuelto a pedir una reforma legislativa para endurecer las penas "con un tipo especial por agresiones", así como la jubilación anticipada mediante el reconocimiento de profesión de riesgo.

También han reclamado la equiparación salarial con respecto a los trabajadores penitenciarios de Cataluña y País Vasco, las dos regiones con las competencias transferidas y donde, según los cálculos de TAMPM, "disfrutan de un sueldo de en torno a 500 y 700 euros superior al del resto de la Administración General".

TAMPM ha protagonizado años atrás otras manifestaciones contra la política penitenciaria del ministro Fernando Grande-Marlaska y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. En abril de 2024 se manifestaron en la capital por la muerte de Nuria, una trabajadora de la cocina de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona.