El Gobierno veta la ley de Vox para contar separadamente los votos por correo por duplicar el presupuesto electoral

Alega que el coste de la compra de urnas se dispararía a casi 375.000 euros y el de la adquisición de actas de escrutinio a otros 400.000

El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Vox para cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) con el fin de establecer un recuento separado del voto por correo, algo que el Ejecutivo rechaza alegando que su aplicación supondría duplicar el presupuesto en urnas y actas de escrutinio.

En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa legislativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o menos ingresos.

En su iniciativa, registrada el pasado junio y recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal exigían reforzar las garantías democráticas del proceso electoral y, muy especialmente, proteger el voto por correspondencia frente a posibles fraudes. Y es que, según señalan, el actual sistema de votación por correo tiene "graves carencias de seguridad, trazabilidad y transparencia".

ACTUALMENTE VAN EN UNA MISMA URNA
Lo que planteaba Vox era implantar un recuento independiente del voto por correo, separado física y documentalmente del voto presencial, mientras que la legislación actual establece que las papeletas enviadas por correspondencia se acaban depositando en la misma urna de la jornada electoral para que no se distingan y así se garantice el secreto del voto.

En su escrito de disconformidad, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno argumenta que la propuesta de Vox conllevaría dos modificaciones que tendría impacto en el importe final del presupuesto electoral: una de ellas ya está contemplada, pero la otra supondría "duplicar" el presupuesto en urnas y actas de escrutinio.

Y, a renglón seguido, el Gobierno subraya que el escrutinio diferenciado del voto por correo en las mesas electorales que defiende Vox tendría un impacto "importante" en la logística de los trabajos que deben realizar las mesas y, por tanto, requeriría incrementar los medios materiales: una urna más por proceso electoral y otra acta específica de escrutinio.

En este punto, destaca que en las elecciones generales de julio de 2023, el coste en adquisición de urnas de votación fue de 187.240 euros sin impuestos (14,48 euros por urna), un coste que tendría que multiplicarse por dos en caso de aplicar un escrutinio diferenciado. Es decir, supondría un coste de 374.480 euros.

Y añade que, en el caso de las actas de escrutinio, en esas mismas elecciones, el gasto paRa su adquisición fue de 202.171,47 euros sin impuestos (0.46 por ejemplar), y que si se aplicara la idea de Vox el coste se duplicaría, pasando a ser de 404.342,94 euros.

EL GASTO EN LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL
Por otro lado, la Mesa del Congreso ha frenado una proposición no de ley para el Pleno en la que se reclamaba al Tribunal de Cuentas fiscalizar los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración ilegal.

Dado que el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó sin éxito por este coste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el control del Congreso, su partido decidió registrar una iniciativa para que el Pleno del Congreso encargara al Tribunal de Cuentas que lo hiciera.

Sin embargo, en su reunión de este martes, la Mesa de la Cámara Baja ha rechazado dar el visto bueno a la propuesta de Vox alegando que una proposición de ley no es "lo idóneo" para pedir esos datos al órgano fiscalizador, sino que existe una Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas para pedir esas fiscalizaciones, según informaron fuentes parlamentarias.