Un organismo de Euskadi reconoce como víctimas de violencia policial a cuatro muertos en una "emboscada" en 1984

También lo hace con Rosa Zarra, que falleció en 1995 después de recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza

La Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, conocida como 'de abusos policiales', ha reconocido como víctima a Rosa Zarra, la donostiarra que murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, y a los cuatro fallecidos en 1984 por disparos de la Policía en la 'emboscada de Pasaia'.

La presidenta de la Comisión de Valoración de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales, creada por la Ley 12/2016, Juana Balmaseda, y su vicepresidente, Jon Mirena Landa, han presentado este miércoles en el Parlamento vasco el quinto informe anual de la Comisión de Valoración conocida como de "abusos policiales" ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En cuanto a los cuatro fallecidos en la 'emboscada de Pasaia', Rafael Delás, Pedro María Isart, José María Izura y Dionisio Aizpuru, que cayeron en una emboscada a miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y murieron en un enfrentamiento con la Policía, Jon Landa ha señalado que la comisión ha concluido que ocurrió "una ejecución extrajudicial, tal y como ya reconoce la vía judicial" y que "la actuación policial no fue totalmente necesaria". "No se ha realizado una investigación eficiente, independiente, transparente y, por lo tanto, se evitó que floreciera la verdad", ha añadido.

En cuanto a Rosa Zarra, muerta por impacto de pelota de goma, Juana Balmaseda ha indicado que "la ausencia de investigación ha determinado la imposibilidad de comprobar judicialmente cómo se desplegó el uso de la fuerza para poder juzgar adecuadamente su necesidad y proporcionalidad".

No obstante, la comisión concluye que, "desde el ámbito de competencia no jurídico-penal que la ley determina, existe un estándar de probabilidades suficiente y distinto para establecer la relación de causalidad a efectos del reconocimiento de los hechos como violación de los derechos humanos".

A entender de la comisión, ha precisado, "la ausencia de investigación eficaz, esto es, de aquellas actuaciones que hubieran contribuido a arrojar luz sobre los hechos, se tornan en base suficiente para declarar a Rosa Zarra como víctima de la violación de derechos humanos, en concreto del derecho a la vida en su dimensión procesal".

INADMITIDAS
Por otro lado, han informado de la inadmisión de 12 expedientes de familiares de presos fallecidos en accidentes de tráfico, en base que "el ámbito estricto que determina el artículo 2 de la ley, 12/2016", priva a la comisión de la posibilidad de pronunciarse sobre "esa dolorosa realidad, cuya cadena causal se retrotrae y amplía no sólo al ejercicio del derecho de visita de los familiares o allegados respecto de una persona presa, sino también al añadido riesgo que la conducción de vehículos entraña en todo caso".

La comisión también ha inadmitido solicitudes de agentes de policía y particulares que han alegado sufrir violencia por parte de ETA en base a que en la ley 12/2016, "el legislador nunca se propuso incluir a los funcionarios policiales que sufrieron lesiones en un contexto de violencia política en el ámbito subjetivo de la misma".

EXPEDIENTES RESUELTOS
Balmaseda ha indicado que la comisión ha resuelto, reconociendo de forma positiva la condición de víctima, hasta la fecha en términos globales, 243 expedientes, pero solo cinco de ellos en el periodo que abarca este último informe, estando pendientes de analizar 344.

En concreto, ha precisado, se han resuelto 87 expedientes, 77 de ellos del periodo ordinario y diez del segundo periodo extraordinario. De ellos, cinco han sido resoluciones de reconocimiento, diez han sido de desistimiento y 72 han sido resoluciones de inadmisión-desestimación.

De estas 72 resoluciones de inadmisión-desestimación, ha detallado, 13 lo han sido por haber presentado la solicitud fuera del plazo legalmente establecido, 26 por encontrarse fuera del ámbito objetivo de aplicación de la ley y 33 por encontrarse fuera del ámbito temporal de la ley.

Juana Balmaseda ha calificado la actividad de este último año como "un ejercicio particular y especial, en la medida en que prácticamente a lo largo de todo el curso, desde finales de septiembre de 2024", no han podido valorar nuevos dictámenes ordinarios.

Según ha justificado, la razón de esta "anómala situación" ya fue advertida por esta comisión y puesta de manifiesto en el informe del año pasado. Así, ha señalado que "la escasez en la dotación de los medios es un problema estructural y endémico" que vienen denunciando "desde que se creó la comisión y que objetivamente no se resolvió en la anterior legislatura".

Por su parte, Jon Landa ha señalado que la principal "preocupación" de la comisión es "atender a las víctimas" y "seguir ampliando nuestra capacidad de trabajo para recuperar el tiempo perdido y poder dar respuesta a todos los expedientes en un plazo de tres años".

Entre los problemas "más graves" ha apuntado el de los médicos forenses y los psicólogos, y ha advertido que es "necesario cumplir la ley" y "reconocer realmente el trabajo que realizan con horas de libranza o con salarios dignos".

RECOMENDACIONES
En el apartado de recomendaciones, Jon Landa ha señalado que las dos urgentes son "solucionar el problema de médicos forenses y psicólogos" para que pueden cumplir su labor "con eficacia y en condiciones de trabajo dignas" y reabrir los plazos para que las víctimas puedan presentar sus solicitudes, ya que "las solicitudes se están acumulando y ya tenemos casi 100".

En esa línea, Balmaseda ha considerado "importante y urgente" la reapertura de plazo con "una mirada províctima, para que nadie que quede fuera" y ha dicho que, de atenderse las recomendaciones expuestas, "recuperaríamos el ritmo de trabajo y seríamos capaces de finalizar con la tramitación de todos los expedientes antes de que finalice la legislatura".

Además, Jon Landa ha reconocido que la ley tiene "algunos límites" y hay que "retocarla sobre todo en la definición de las violaciones, porque hay cosas que se han quedado fuera", y cree que "el ámbito temporal hay que cerrarlo adecuadamente". En cualquier caso, ha dicho que la reforma "requeriría un tiempo más lento, un debate y un consenso entre las fuerzas políticas" que llevaría hasta la próxima legislatura.

GRUPOS
El parlamentario del PP Santiago López ha lamentado que la comisión "siga mostrando los mismos problemas" que ya han criticado en el pasado, mientras que el parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha recogido las demandas de la comisión sobre "la carga de trabajo y la falta de medios personales y materiales" que "interpelan directamente" al Gobierno y ha asegurado que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos está haciendo "un gran esfuerzo por desbloquear temas que, por distintos motivos, se están viendo atascados".

El parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha destacado que, hoy en día, "la gran amplia mayoría de los grupos parlamentarios no pone en duda que haya habido víctimas del Estado, aparte de las víctimas de ETA" y se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de abrir un nuevo plazo para la entrega de solicitudes y cree necesario ampliar el marco temporal de la ley "porque antes del año 1978 y después de 1999 también hubo víctimas del Estado".

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha reconocido que es "duro escuchar que, al final, la comisión no ha podido realizar su trabajo porque le han faltado recursos" y se ha mostrado de acuerdo con la revisión de plazos para "evitar que haya víctimas o potenciales víctimas que queden fuera de estos procesos".