La Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo (TS) que la descontaminación de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica en Palomares es una "decisión política" y "no" una "imposición legal o internacional", y ha remarcado que la actuación para eliminar el americio y el plutonio "se irá ejecutando en la medida en que la cooperación internacional y la disponibilidad de la inversión necesaria vayan permitiendo su concreción y ejecución".
Ecologistas ve "ocultación" del CSN con Palomares y pide a la Audiencia Nacional que requiera documentación certificada.
La Abogacía del Estado remarca también que, en "ningún momento existe exposición inaceptable para la población".
Tras el protocolo de intenciones suscrito en 2015 con el Gobierno de Estados Unidos, nada se sabe sobre actuaciones concretas ni su coste.
Como consecuencia del estallido de dos bombas nucleares en la zona en 1966, existe un nivel de radiación superior entre el 20 y el 50 al máximo permitido.
50 años después del accidente de Palomares todavía no se ha decidido cómo trasladar la tierra contaminada. El acuerdo firmado por Margallo y Kery sólo es una declaración de intenciones y la información está clasificada como secreta
La Fiscalía General del Estado ha archivado la demanda por vía penal que había presentado la organización Ecologistas en Acción contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y contra miembros de distintos Gobiernos de España por un presunto "delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente".
El 17 de enero de 1966, Palomares, una pequeña pedanía almeriense, fue escenario de un accidente que podría haberse convertido en el mayor desastre nuclear de todos los tiempos. España, un país neutral, bajo el régimen franquista, vivía un tanto ajena a la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, han firmado este lunes una declaración de intenciones en la que se comprometen a lograr una "rehabilitación mayor" del entorno de Palomares.
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias informativas para conocer el estado de "recuperación ambiental" y el nivel de "residuos" en los parajes de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), sobre los que cayeron en enero de 1966 dos bombas termonucleares.