1-O: EL FRACASO DE RAJOY

El 1-O ha mostrado dos resultados básicos: el carácter autoritario del Gobierno del PP, con su apuesta represiva, y una gran movilización democrática y pacífica de la ciudadanía catalana.

El Gobierno de Rajoy, inmovilista y reaccionario, ha fracasado estrepitosamente. Su estrategia impositiva de restricción de derechos democráticos de la sociedad catalana, ha perdido legitimidad ante la opinión pública de Catalunya, España y el mundo entero. La credibilidad democrática de la derecha española ha quedado en entredicho. Su relato, centrado en la aplicación de la legalidad, ha sido insuficiente y contraproducente.

Su justificación maniquea y sectaria de un 'nosotros' (la élite gubernamental y sus aliados 'constitucionalistas') que defienden el Estado de derecho, la convivencia y la racionalidad ante un 'ellos' (los 'secesionistas' catalanes y el resto de soberanistas) anti-demócratas, divisionistase irracionales (pasionales) no ha cuajado. Su idea de empate catastrófico 'pretendía explicar la necesidad del desempate marginando los supuestamente populistas que querrían destruir el Estado y España.

Pero, ante la evidencia de la doble actitud en el conflicto, una dirección política represiva y una ciudadanía democrática y pacífica que quería votar, toda su retórica ha quedado desacreditada y su estrategia política desnuda con su autoritarismo inconfesable.

Pero, además, desde el punto de vista fáctico, el Ejecutivo de Rajoy ha mostrado su incapacidad para impedir la libre expresión de millones de personas y su reafirmación en la defensa de su autogobierno.

Desde el punto de vista político, de las relaciones de poder, ya que los criterios éticos y democráticos le resbalan, es la mayor crítica que diferentes sectores mediáticos, socioeconómicos e institucionales pueden constatar: su gestión ineficaz para garantizar sus objetivos de neutralizar el proceso del Gobierno hacia la independencia.

No ha sabido y no ha podido, con todos los mecanismos jurídicos, policiales, económicos y administrativos del Estado, impedir la masiva marea democrática y participativa en torno a la consulta planteada. Ellos mismos lo reconocen a medias: los ha desbordado la situación. Los ha cegado su prepotencia reaccionaria y su infravaloración de la masividad y firmeza de la cultura democrática, cívica y soberanista que hay en el pueblo catalán.

Además, ante semejante incapacidad y torpeza, socios europeos ya han mostrado su inquietud ante esta 'inesperada' crisis de Estado en el panorama de una UE frágil en su articulación institucional, con el trauma del Brexit y el ascenso de dinámicas nacionalistas autoritarias y xenófobas en diferentes países.

Sus primeras reacciones son 'sostenella y no enmendalla': su empeño en una estrategia errónea, divisionista y antidemocrática. No les proporciona margen para la autocrítica o la rectificación. Para su regeneración democrática necesitan, al menos, salir del poder y pasar a la oposición. La ausencia de auténtico diálogo político anuncia una escalada de la tensión.

Su opción, perfeccionar su estrategia autoritaria y su control efectivo de la Generalidad: intervenir y / o anular instituciones catalanas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Se trata, de la inhabilitación y judicialización de sus principales dirigentes, y la toma de control ejecutivo (incluido la dirección de los Mossos de escuadra y los medios de comunicación públicos -TV3-), por un periodo indeterminado hasta la convocatoria de otros elecciones autonómicas con garantías para ellos de una representación minoritaria de las fuerzas independentistas; es decir, sin una salida clara al conflicto.

El plan puede ser de ejecución inmediata o diferida, de acuerdo con la apuesta independentista real y más allá de la simple declaración unilateral del Parlamento que están estimando. Es un paso arriesgado para las dos partes y quizás se produzca una fase transitoria de tanteos junto con alguna gestión mediadora para (dos) ganar tiempo y mejorar las posiciones respectivas de fuerza y legitimidad.

Por lo tanto, es realista el escepticismo con el que el Gobierno valora los resultados efectivos de un diálogo (con mediadores internacionales). E, igualmente, para las derechas españolas, que mantienen su rigidez 'uninacional' y cuidan su supremacía institucional.

La dinámica de conflicto de fondo sólo se podrá canalizar con un Gobierno de progreso en España, con un claro perfil social y democrático y respetuoso de la plurinacionalidad. Y aquí, la responsabilidad de la dirección socialista es clave.

Es un reto para el nuevo PSOE de Pedro Sánchez ante dos opciones: apoyar la gestión gubernamental del PP (y Ciutadans), su continuismo autoritario, ofreciéndole estabilidad; o apostar, junto con las fuerzas del cambio y nacionalistas una profunda reforma constitucional que culmine en un referéndum estatal. Y, al mismo tiempo, un acuerdo sobre un referéndum con garantías en Catalunya que satisfaga el deseo mayoritario (hasta el 80%) de decidir su estatus relacional y su futuro.

Una consulta con mayorías reforzadas que incluya un marco de relación, así como la posibilidad de independencia, dada la representatividad de este sector, y aunque muchos preferimos su permanencia en una España mejor, más justa y solidaria.

El planteamiento del PP es corto plazo y corporativo de sus propios intereses de partido. Ante su retórica vacía no piensan en la sociedad española. Tampoco en España y el Estado, ni tienen un proyecto de país (de países). Piensan (erróneamente) que aunque electoralmente pierdan Catalunya, con su nacionalismo españolista 'conservador ganan España, con la absorción de Ciudadanos, la subordinación del PSOE y la marginación de las fuerzas del cambio. Toda una estrategia reaccionaria de dudosa eficacia y menor legitimidad.

Desprecian la fractura social generada en los dos ámbitos y entre ellos, mientras ocupen el poder estatal. Es más, se pueden encontrar cómodos en una dinámica prolongada de conflicto 'nacional' que facilite su hegemonía electoral, chantajee al Partido socialista y dificulte el avance de Unidos Podemos y sus aliados con una opción de progreso en el social y solidaria en la gestión de la plurinacionalidad. Han anulado su ya escaso margen para tener un papel relevante en una solución política negociada. A su gestión regresiva de la política socioeconómica y sus responsabilidades en la corrupción política, se añade ahora claramente su autoritarismo político.

LOS LÍMITES DEL INDEPENDENTISMO

En el otro campo, en Catalunya, hay que diferenciar dos procesos paralelos y entremezclados. Ya he señalado el ejemplar, masivo y democrático comportamiento de gran parte de la ciudadanía catalana, entorno a su deseo de participar en el rechazo a los planes gubernamentales y sus medidas represivas e independientemente del sentido de su voto o de no votar. En el 1-O ha confluido la posición de avanzar en la dinámica independentista junto con la reafirmación soberanista y democrática, esta acentuada para combatir Rajoy y sus medidas.

Según diferentes encuestas, la primera tendencia cuenta con alrededor del 45% de la población catalana y la segunda llega hasta el 80%, es decir, hay alrededor de un 35% soberanista no independentista. Esto es importante para valorar el siguiente paso y sus riesgos: la apropiación del Gobierno de las dos corrientes y legitimidades para apostar por la hoja de ruta independentista.

Convertir una amplia alianza democrática en un compromiso específico independentista es un error ventajista que conlleva una instrumentalización de esta parte y, específicamente, de su representación política en torno a los Comuns de Xavier Domènech y Ada Colau.

La cuestión es importante por los límites del proceso independentista y la articulación de la pluralidad en la sociedad catalana (y en España). O sea, tiene implicaciones estratégicas y de valores (inclusivos y de fraternidad). El Gobierno y el bloque independentista han demostrado su ampliación (desde el 25% en 2010 al 45% actual). Pero, a parte de un sector nacionalista radical, el incremento independentista en esta década se ha producido sobre la base de la existencia de una amplia corriente nacionalista (moderada y representada por CiU) que se ha desplazado hacia el independentismo.

Esto en el contexto de frustración ciudadana por el recorte del Estatuto, a iniciativa del PP, a la vez que por la gestión neoliberal y regresivo de la crisis económica por parte del Gobierno, compartida por la estrategia de austeridad promovida por la su familia liberal conservadora europea (y socialdemócrata). En este sentido, las élites de la derecha independentista han sabido eludir sus responsabilidades regresivas y trasladarlas hacia un enemigo externo: España. Y ante la pasividad crítica de la izquierda independentistaque, como dice Vicenç Navarro, prioriza la cuestión nacional y el independentismo en detrimento de la cuestión social y su anticapitalismo.

Por lo tanto, independentismo o República catalana, con la actual hegemonía de la burguesía neoliberal catalana y una gestión económica del PDeCAT no es sinónimo de mejora social para las clases trabajadoras, especialmente de Barcelona y su cinturón metropolitano que, como se sabe tienen un mayor origen emigrante del resto de España, muchos son castellanohablantes y con un estatus socioeconómico menor. Sus sectores progresistas y de izquierda son, en gran medida, la base social de Catalunya en Común y Podemos, incluso del PSC, con lazos culturales e identitarios con el resto de España y reticentes al nacionalismo independentista.

Quiere decir que el bloque independentista tiene dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya por dos tipos de razones. Un carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, especialmente para interpelar, casi solo, el sector independentista cuando la mitad, al menos, de la sociedad catalana no lo es; no era propiamente un referéndum con garantías para la expresión de la diversidad de posiciones existente, por lo que no tenía validez política, jurídica y democrática para decidir sobre esta opción. Pero, sobre todo, no reflejaba una igualdad entre las diferentes opciones ni una actitud inclusiva e integradora de la diversidad nacional realmente existente en Catalunya.

Otro tipo de motivos son de carácter fáctico: los límites de su 'contrapoder' institucional (o popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional.

Los dirigentes independentistas se han esforzado mucho en reafirmar su 'soberanía' práctica, no sólo su legitimidad sino su fuerza, su poder, para realizar el referéndum. Era central para dar cobertura a la Declaración de independencia, es decir, demostrar que podían contrapesar el poder del contrario y desbordar- (desobediencia, imposición, implantación ...).

Han salido airososen algunos aspectos clave: ha habido escuelas abiertas, urnas, papeletas y recuento. Pero sobre todo, ha habido gente valiente y decidida a votar y participar en esta pugna con el Gobierno de Rajoy y las medidas represivas y judiciales. Evidentemente, no ha sido un referéndum legal y válido en términos jurídicos (contraviene la convención de Venecia), pero constituye una gran movilización política que el Gobierno se dispone a utilizar para legitimar su próximo paso independentista.

El polvo de legitimidades y de poder, incluso con forcejeos discursivos y de diálogos contemporizadores, se va a reproducir en un escalón superior de confrontación.Y aquí, el refuerzo de una tercera posición autónoma, con un fuerte contenido social, democrático y solidario es clave para construir un país plurinacional más justo. Es el reto de los Comuns y el conjunto de las fuerzas del cambio.

Artículo publicado originalmente en Catalunyapress.