(AMP2) Telefónica propone un ERE para 6.088 personas, el 35% de la plantilla de las siete sociedades afectadas

La afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ propuesto por la compañía se sitúa, una vez constituidas todas las mesas de negociación, en un total 6.088 personas, lo que supone el 35,3% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso, según han informado los sindicatos.

En concreto, la afectación del ERE se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).

No obstante, cabe recordar que la afectación en este tipo de procesos suele reducirse a medida que avanzan las negociaciones entre la empresa y los sindicatos.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

De hecho, el nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos encajan en tiempos para que el acuerdo sobre el mismo se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual o muy a comienzos de 2026 para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.

POSTURA DE LOS SINDICATOS
En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han manifestado su rechazo a los procesos de despido colectivo en Telefónica S.A (378 personas), Telefónica Innovación Digital (233) y Telefónica Global Solutions (140), filiales en las que las mesas de negociación del ERE se han establecido este mismo martes y que, según la propuesta inicial de la compañía, afectará a 751 empleados en total.

Los dos sindicatos consideran injustificado el despido colectivo en estas tres sociedades y consideran que "hay alternativas viables".

"Nuestra prioridad, por tanto, será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de esta empresa, garantizando que cualquier medida que se adopte sea fruto del diálogo, del consenso y del respeto", han recalcado.

Asimismo, han subrayado que tanto la negociación del ERE como la de la prórroga del convenio colectivo de las unidades globales son "procesos inseparables".

De hecho, han indicado que este próximo jueves, 27 de noviembre, arrancará la negociación del convenio colectivo de las unidades globales.

"No aceptaremos acuerdos parciales. Las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que podamos respaldar", han agregado.

DIVERGENCIA DE POSICIONES EN EL GOBIERNO
En contraposición a la unidad manifestada por los sindicatos, en el caso del Gobierno este mismo martes se ha dado a conocer la posición discordante del Ministerio de Trabajo, que se ha opuesto de manera frontal al proceso de despido en Telefónica, compañía de la que el Estado posee un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La cartera dirigida por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que el ERE en marcha en Telefónica es "indecente", según se recoge en una carta que el departamento ha remitido a la SEPI.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la cartera que dirige Díaz, la posición de Trabajo es que una empresa con beneficios y participada por el Estado decida despedir a alrededor de 6.000 personas es "indecente" y, por ello, ha trasladado esos argumentos a la SEPI a través de una misiva.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz ha afirmado que, a su juicio, "el dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones".

"No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras (en ese momento todavía no se conocía la afectación final). Lo digo así de claro. Yo misma he remitido una carta a la presidenta de la SEPI y no me parece correcto", ha subrayado Díaz al ser preguntada sobre este asunto.

"El dinero público no está para despedir a nadie, por muy buenas que sean las condiciones de un expediente de regulación de empleo (...) Con mayor motivo porque esa empresa tiene beneficios y está participada con los recursos públicos de los españoles y las españolas y se está decidiendo que 5.000 trabajadores y trabajadoras se vayan a la calle, por tanto, mi posición es conocida", ha agregado.

LA SEPI ABOGA POR EL DIÁLOGO
En relación con la posición de Díaz y la carta que ha remitido Trabajo, fuentes oficiales de la SEPI han señalado a Europa Press que la "exigencia" del brazo inversor del Estado en está en línea con la posición mayoritaria del Gobierno, es decir, que "haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo".

"Tal y como ha manifestado el Gobierno, la SEPI mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social. La SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo", han subrayado las fuentes consultadas.

En este contexto, cabe recordar que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores.

"En relación con Telefónica, te puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", subrayó López en declaraciones a la prensa tras la presentación de un informe la semana pasada.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este pasado lunes que el Gobierno estará "encima" del ERE en Telefónica a fin de asegurar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".

"Los sindicatos ya han dicho que van a analizar la oferta que ha puesto sobre la mesa Telefónica", explicó el ministro, que recordó elementos "importantes" para los representantes de los trabajadores como son "la voluntariedad de acogerse" al ERE y que se "mejoren en la medida de lo posible" las condiciones con respecto a los últimos procesos de regulación en la empresa.

"Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones, se den", insistió Cuerpo en declaraciones a la prensa en Bruselas.